Tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad que dispuso llamar al Congreso a convocar a la comisión para Fiscal General de la Nación, representantes de organizaciones civiles opinan que el trabajo de Claudia Paz y Paz, al frente del Ministerio Público (MP), ha incomodado a grupos de poder.
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Ha habido altibajos en las gestiones del MP; sin embargo la fiscal Paz y Paz logró dar al trabajo de la Fiscalía un sentido más profesional y de mayor compromiso, opina Renzo Rosal, analista político.
De acuerdo con el entrevistado, el trabajo que realizó la Fiscal tocó intereses de grupos de poder que ahora se sienten incomodados con las investigaciones y buscan dejarla fuera de la entidad cuando antes.
“El tema de la discusión sobre los tiempos, si mayo o diciembre, es precisamente una arista de un asunto que tiene que ver con incomodidades, por un MP que ha tocado intereses, que ha comenzado a colocar espacios claves en la lucha contra la impunidad”, señala Rosal.
El objetivo político va incluso más allá de remover a Paz y Paz del cargo, acota el analista, ya que considera que la intención principal es tener una institución bajo control político, dependiente de los actores que históricamente han tenido hegemonía sobre el funcionamiento del MP.
“Con la llegada de Claudia Paz y Paz se les movió el piso, y ahora lo que quieren es recomponer el MP para regresarlo al formato de tener una institución que no haga mayor cosa”, enfatizó.
“FUE UNA DECISIÓN ILEGAL”
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODGHG), considera que la resolución emitida ayer por el pleno de Magistrados de la CC es ilegal, y señala que la misma representa un grave retroceso al Estado de Derecho.
Nery Rodenas, director de esa entidad dijo que existen presiones políticas de grupos que quieren evitar que se siga administrando la Fiscalía, como hasta ahora.
En ese sentido dijo que analizan presentar un amicus curiae (amigo de la Corte) ante la CC, para que los magistrados consideren otros aspectos y argumentos en el tema del periodo de Paz y Paz.
La misma intención se encuentra analizando el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), que coincide en afirmar que la labor de la Fiscal General ha tocado el nervio de quienes quieren tener injerencia en los casos que se investigan.
“Como ciudadanos preocupados podríamos presentar una acción en la Corte, porque comprendemos que el período constitucional es de 4 años; la fiscal ha tenido una labor muy efectiva que se puede ver en nivel de condenas y debates (…) y tiene como consecuencia que exista interés de que ya no continúe la persecución penal de grupos criminales”, indicó Gary Estrada, director del Instituto.