Ante el anuncio del presidente Otto Pérez Molina y del ministro de Gobernación (Mingob) Mauricio López Bonilla, sobre la intención de construir una cárcel de alta seguridad “bajo excepción”,

Analistas y expertos en el tema de rehabilitación y reinserción coinciden en que deben evitar esta disposición y utilizar la vía común de compras y contrataciones para transparentar los procesos.

La Hora ha intentado conocer un poco más sobre la intención de las autoridades de construir dicha prisión por “excepción”, pero el Titular de la Cartera del Interior no ha contestado a las reiteradas llamadas a su teléfono celular.

Hace algunos días se conoció de dicho anuncio, que incluso fue abordado sin mayores detalles por el presidente Otto Pérez Molina, en su programa “De Frente con el Presidente”.

Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), opina que construir una cárcel por excepción busca mantener en secreto el proceso y por tanto es evidente que no se pretende informar públicamente lo que se hará.

El entrevistado recomienda a las autoridades analizar antes estos procesos, porque de lo contrario la medida puede ser contraproducente.

“Nosotros recomendaríamos que se use la ley de compras y contrataciones del Estado y que no utilicen la excepción porque con esto se percibe que no se quieren transparentar los procesos.  Este gobierno criticó mucho a la administración de Álvaro Colom, pero ahora resulta que actúa de forma similar”, indicó Polanco.

Gary Estrada, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), considera que debe existir transparencia en un proyecto de esta índole.

Según el profesional actualmente no existe una política pública integral que atienda las necesidades que se requieren en cualquier otro centro para rehabilitar y reinsertar a los detenidos.

Por otro lado, Estrada considera que la “excepción” se utiliza solo cuando se han agotado todos los recursos a los que usualmente se acuden.

PROYECTOS EN CÁRCELES

Durante la administración de Óscar Berger se impulsó el proyecto de los bloqueadores de señal en las cárceles, pero hasta hoy el problema continúa; los privados de libertad continúan planificando ilícitos en los centros carcelarios.
Incluso, hay una demanda contra la empresa Alta Comunicación, S.A.  que fue interpuesta durante la administración de Álvaro Colom, sin que avance.