Analistas: Ley anticorrupción podría conseguirse con la presión social


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David Gaitán, director del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), de Acción Ciudadana (AC), indica que no se ve que por iniciativa de los diputados se pueda aprobar la ley anticorrupción, porque no existe el interés de los diputados por aprobarla, “la ley se puede lograr mediante la presión social y la exigencia ciudadana”.

Por Eder Juárez
ejuarez@lahora.com.gt

De acuerdo con un informe que presentó AC esta semana, señaló que la mayor parte de la corrupción se da en las municipalidades, llegando a ser el 76 por ciento de las denuncias, la mayoría por obra gris.

Según Gaitán, la población que más denuncia actos de corrupción son quienes tienen contacto más directo con las autoridades y por ende son las municipalidades las que representan un alto índice de estos actos, pues el 76 por ciento de estas denuncias corresponde a las municipalidades

“Un acto de corrupción en una municipalidad se puede ver de manera inmediata”, esto porque la comunidad es más pequeña, entonces desde esa perspectiva es que se percibe de inmediato porque está afectado directamente a la población, asegura.

Además, señala que no es que sean las municipalidades las que participan principalmente en actos de corrupción, “la corrupción está enraizada en todas las instituciones públicas, en los tres poderes del Estado, incluso en instituciones autónomas, entonces se da a todo nivel” y lo que sucede es que son las municipalidades las que más denuncias presentan.

Gaitán considera que no existe el interés por aprobar la ley anticorrupción, pero que se puede lograr mediante la exigencia ciudadana de que ya no se deje ningún espacio, y que los diputados la aprueben de manera inmediata, mientras esto no suceda “los diputados por su propia voluntad no lo aprobarán” ya que han demostrado con muchas acciones que no es de su interés.

Pocos avances

Para el director de ALAC, se han dado algunos esfuerzos para combatir la corrupción, reflejando de alguna manera avances en el fortalecimiento de la Fiscalía Contra la Corrupción o de la Contraloría General de Cuantas,  pero el problema es que no se encuentran coordinadas, puesto que no existe una política anticorrupción que coordine los esfuerzos, entonces cada quien hace lo que quiere o lo que pueda.

Entre tanto Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos (Ipnusac), con el entrampamiento a la ley contra la corrupción “ya se conocen a los enemigos de la transparencia”, lo cual provocara que la ley ya no tendrá el objetivo original, y carezca de coercitividad y efectividad.

Castillo indica que es necesario que la presión social siga, porque es una ley necesaria que le brinda al Estado una herramienta para que sus recursos no se conviertan en fuentes de enriquecimiento de terceros.

Pero que las múltiples maniobras que han realizado los diputados dan cuenta de que si se aprueba será una ley sin herramientas de sanción y de castigo a los actos ilícitos.

Entonces se debe desde la sociedad civil y de la academia, abrirse un debate amplio en donde se aborde plenamente el tema, por lo que se deberá tener un diálogo con todos los sectores como se ha realizado con otras leyes para tener un producto efectivo.

Por lo que es fundamental que esta ley entre en un sistema de debate y la sociedad política y la sociedad civil de manera que se pueda garantizar el espíritu por la que fue creada.

Igualmente para Castillo existen pocos avances en la lucha contra la corrupción ya que las instituciones y el sistema encargados de este tema han estado perdiendo la capacidad de coerción, “siempre que se habla de este tema, refiero que la moral y la ética guatemalteca es laxa, no solamente del funcionario sino para quien corrompe, para la corrupción se necesita un corruptor y alguien que se preste a la corrupción”, entonces lo que existe es que la institucionalidad para la trasparencia en el país no es efectiva.

Esto sucede porque se hace la denuncia y se realiza un seguimiento mediático, pero al final no existe un verdadero resultado que demuestre la culpabilidad, entonces “el tema de la trasparencia se ha quedado en el discurso”, señala Castillo.