Expertos en materia jurí­dica consideran acertada la resolución de la CSJ que revocó la libertad bajo fianza a Rodrigo Lainfiesta Rí­mola, implicado en el desví­o de Q17.4 millones por la reconstrucción de la Cárcel de Fraijanes II.

Lainfiesta canceló el pasado viernes una fianza de Q4 millones que le impuso la Sala Primera de Apelaciones, sin embargo, dos dí­as después de recuperar su libertad debió regresar a prisión debido al amparo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó al Ministerio Público (MP).

Los entrevistados también consideraron que el amparo interpuesto por la Fiscalí­a fue oportuno y que el caso sienta un precedente, ya que existen en otros procesos de alto impacto, los sindicados han utilizados estas medidas para darse a la fuga.

Javier Monterroso, analista del Instituto de Estudios Jurí­dicos, opinó que la CSJ actuó de acuerdo a la ley, ya que tuvo que sopesar y analizar los parámetros establecidos en la jurisprudencia para otorgar una medida sustitutiva.

«Los fallos para estas medidas deben evaluar que no haya peligro de fuga y obstaculización de la verdad, en este caso se trata de una persona con muchos recursos económicos y con la capacidad de abstraerse de la persecución penal y por eso pienso que la CSJ actuó de forma adecuada», expuso el analista.

Monterroso señala, además, que este fallo es contrario «a lo que se ha visto en otros casos», donde se ha dejado libres a otros sindicados con caracterí­sticas similares y se han dado a la fuga.

El entrevistado calificó de «positiva» la intervención del MP al interponer un amparo contra la resolución de la Sala Primera. «Se debe tomar en cuenta que las cauciones otorgadas a empresarios son más fáciles de pagar, mientras que por delitos menores, los jueces no las otorgan, así­ que creo que la acción de la Fiscalí­a fue positiva y rápida», subrayó.

Estuardo Galeano, analista jurí­dico del Grupo de Apoyo Mutuo, consideró que el sistema judicial aun es «débil para librar batallas contra la corrupción en Guatemala», y por lo tanto se han registrado muchos casos de personas vinculadas con este tipo de delitos que se dan a la fuga.

«Recordemos, como en casos como el de desví­o de Q82.8 millones en el Congreso de la República, varios de los sindicados se dieron a la fuga, por eso es necesario que la justicia tome medidas cautelares para garantizar la presencia del sindicado en estos casos, siempre respetando su derecho de inocencia», apuntó Galeano.

El analista considera que al igual que en este caso, el ente investigador debe actuar «cada vez más profesional», además, apuntó que sus reacciones deben ser «prontas y efectivas» para garantizar que las investigaciones concluyan positivamente.

«Una de las falencias del sistema de justicia en Guatemala es que este no otorga estas garantí­as y por lo tanto los casos se quedan inconclusos, creo que la acción del MP fue acertada en este proceso y que la CSJ se apegó a derecho y sentó un precedente al revertir esta orden de libertad», opinó.

Lainfiesta está ligado a proceso por los delitos de estafa propia, conspiración y lavado de dinero.