Luego de que Diario La Hora informara ayer sobre el monto de erogación de Mi Familia Progresa (MiFaPro) y las posibles duplicidades en más de 40 mil casos, analistas consultados indicaron que se incumple con la ley al no dar los datos con transparencia.
aorozco@lahora.com.gt
Para Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, es lamentable que no se cumpla a cabalidad con presentar los datos con orden y con número de cédula, pues se «juega con la administración del Estado», ya que, si bien los programas sociales son de beneficio, éstos deben trabajarse de una manera transparente al tratarse de fondo públicos.
También para Manfredo Marroquín, director de la organización Acción Ciudadana, al no entregar los datos completos se incumple con una orden constitucional, por lo que se espera el establecimiento de órdenes penales en contra del titular de la cartera de educación, Bienvenido Argueta.
Además, indica que esta falta de información deja «mal parado» al programa, pues deja ver que existe intensión de ocultar datos por algún mal manejo de fondos y se establece un mal precedente en cuanto al incumplimiento de un personaje público.
Marroquín indica, además, que en la Ley de Libre Acceso a la Información, en su artículo 10 se lee que «todos los padrones de beneficiados con programas de Gobierno deben ser públicos».
Sin embargo, la falta de transparencia tiene sus defensores acérrimos. Jorge Santos, de la Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), señala que, aunque existe una prohibición de carácter legal para entregar los datos personales de los beneficiados con el programa de transferencias condicionadas, mientras se solicite esta información para fines de fiscalización y utilizando la figura pública, éstos deben ser entregados.
Esto tomando en cuenta que la responsabilidad sobre el mal uso de los datos o fuga de información sobre los mismos debe recaer sobre la persona que ha solicitado dichos documentos, lo que, además, requeriría de sanciones penales.
Santos se refirió a la intención de la diputada Nineth Montenegro de pedir la destitución del Ministro de Educación, por no presentar la información completa. «Ella lo debe tener con esa claridad, está solicitando información que está bajo reserva», señala este miembro de CIIDH, que utiliza los mismos argumentos que ofrecen los oficialistas.