Análisis de las consecuencias de las interpelaciones en el Congreso


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¡Hablando de consecuencias, estas pueden ser negativas o positivas. Sin embargo, en el tiempo que ha pasado de la presente legislatura, no existen resultados positivos derivados de las interpelaciones a cargo de Diputados. Por el contrario, todo ha sido negativo, debido a la paralización real de la agenda legislativa, dejando de atender otras atribuciones importantes, a las que están obligados, para cumplir con sus cargos y para merecer los sueldos que reciben!

Jesús Abalcázar López
jesus.abalcazar@gmail.com


Al respecto, consideramos, que la razón de usar la interpelación de manera maliciosa, la convierte en un instrumento político partidista que obstruye el trabajo conjunto que se debe hacer por el interés supremo de la colectividad, puesto que ese debe ser el trabajo de un Parlamento. Esta figura se encuentra en el Artículo 166 de la Constitución Política de la República del año 1985. Fue debido a los cambios efectuados al texto Constitucional y sus Reformas, publicadas en el Diario Oficial del 24 de noviembre, 3 y 8 de diciembre de 1993, que analizaremos el contenido que se encuentra en segundo párrafo del Artículo 166, que textualmente dice: “Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna, podrán limitar a los Diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas”. El asunto problemático aquí, es el entorpecimiento del proceso de la acción para el cumplimiento de las funciones primordiales que debe cumplir el Congreso, lo cual está causando graves daños y perjuicios al normal desenvolvimiento y operatividad del Estado, en su conjunto.

       El hecho concreto es que se paraliza las atribuciones más importantes del Congreso, que es legislar y así no funciona bien, porque hay falla en el motor y la dinámica legislativa y se vuelve inoperante, favoreciendo la anarquía y el estancamiento de su labor esencial, lo que representa una seria amenaza para Guatemala. porque pone en riesgo la estabilidad gubernativa y su necesaria consolidación como Estado de Derecho. Analicemos ahora, el contenido del texto referido, donde se lee: “Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna, podrán limitar a los Diputados al Congreso el derecho de interpelar…“ Esto podemos interpretarlo como un poder absoluto que otorga la propia Constitución Política, considerando que un solo Diputado interpelante o los pocos que lo respalden: ¡tienen más poder que el Congreso en Pleno y no hay autoridad que les marque límites por el abuso del tiempo en que detengan la Agenda, solo por la actitud de mantener la interpelación! Por lo tanto, es urgente reglamentar el derecho de interpelar a los funcionarios y empleados públicos, para frenar el uso y abuso que se hace.

       La interpelación no ha funcionado como instrumento del control gubernamental, tomando en cuenta que interpelar es pedir explicaciones a quienes desempeñan funciones públicas, especialmente en el tema de los resultados que obtienen y ante todo, respecto de la transparencia en la administración de los fondos del Estado, pero se ha convertido, unicamente en un juicio politiquero para meter zancadilla al partido político que gobierna, con la intención de que los millones de personas sin educación, que lamentablemente integran la población del país, vean al partido político mayoritario de la oposición, como el próximo salvador de la situación, motivándolos a votar por ellos para encaramarse a la tan ansiada guayaba presidencial, sin esperanzas de mejorar, sin auténticos avances democráticos ni la vigencia de un Estado de Derecho firme. Conviene reglamentar el derecho a la interpelación, aclarando que esta no es la única atribución para la cual fue creado ese alto Organismo del Estado, porque se ha descuidado su atribución esencial que es la propuesta, dictamen, discusión y aprobación de las leyes y otros Decretos Legislativos que necesita El Estado.

       Finalmente, analisemos como percibe la población el desempeño, los logros, el trabajo realizado y los beneficios que se obtienen de la operatividad del Congreso de la República de Guatemala: pues sencillamente, lo percibe como una carga presupuestaria que no produce buenos resultados, como la nación lo espera. Son millones de quetzales en funcionamiento, con una baja o insignificante producción, y menos con el afán de una eficienciente productividad. Por supuesto que valoramos el trabajo de las bancadas parlamentarias ajenas al Partido Lider, pero que no han podido hacer nada, ante la intransigencia de quienes esperan componer el país a través de las interpelaciones, a pesar de los nefastos resultados a la vista. No se debe interpelar solo por aparecer en la cartelera publicitaria, opinamos que sería mejor que dejen trabajar al Gobierno.