El 14 de agosto último, el presidente ílvaro Colom anunció que solicitará a la Organización de Naciones Unidas (ONU) la ampliación, por cuatro años más, del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); además, refirió su intención de pedir que esa instancia investigue crí­menes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996). Un acto de justicia o una estrategia polí­tica ¿Qué se esconde detrás de la iniciativa?

Durante un acto de graduación de la Policí­a Nacional Civil (PNC), el Presidente anunció que «se buscará que la CICIG pueda investigar crí­menes de guerra que no han podido avanzar en los tribunales guatemaltecos», agregando que solicitará una extensión del mandato, como ya se pidió anteriormente.

Además, dijo, que la ampliación del mandato -por cuatro años más- de la instancia internacional «dará tiempo a consolidar la transmisión de experiencia al Ministerio Público (MP) y la resolución de casos paradigmáticos que van a romper la impunidad».

También anunció que vendrí­an «otros casos complicados», tanto de parte de la CICIG como del Ministerio Público, y añadió: «este año van haber buenas noticias en el avance de la justicia en el paí­s».

Pero, ¿es factible la solicitud del Presidente?, ¿podrí­a esa instancia internacional investigar los crí­menes de guerra en el paí­s?, ¿qué implicaciones tendrí­a esa petición a la ONU?, ¿está en juego la continuidad del mandato de la CICIG?

El gobernante aseguró que su gestión ya habí­a iniciado las diligencias para que se amplí­e el mandato de esa instancia internacional, pero si la solicitud no tiene eco en la ONU, el mandato de la CICIG concluirá en septiembre de 2011, dejando en suspenso un proceso de transformación en el sistema de justicia del paí­s.

POLíTICO

Mario Mérida, analista en temas polí­ticos y de seguridad, opinó: «Considero que independientemente que se amplí­e el mandato de la CICIG, es una cuestión que me parece prematura porque eso significa que el nuevo comisionado no es capaz de cumplir con su tarea en el tiempo que tiene pendiente, pese a que es segunda prórroga».

El analista calificó de «poco seria» la propuesta del Presidente y considera oportuno que la Organización de Naciones Unidas «reflexione al respecto, y se entere que el próximo contrincante del partido oficial en las elecciones es un militar al que, aparentemente, le han armado todo un plan para sacarlo de la contienda, de acuerdo a las declaraciones de los miembros de ese partido».

Mérida explica que cuando se planteó la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, CICIACS, (propuesta que antecedió a la CICIG), se estableció que el tema central serí­a el crimen organizado y hoy, el Presidente trata de convertir a la actual Comisión en un organismo que le ayude a reducir o amedrentar a sus principales opositores polí­ticos, «sobre todo aquellos que son militares, mezclando cosas absolutamente diferentes».

«Un tema es la CICIG y su responsabilidad de desmantelar los grupos paralelos, y otro es el tema del conflicto armado que tiene otro tipo de consideraciones y connotaciones», opinó Mérida.

El analista considera que si la ONU accede a la solicitud del Presidente, ampliarí­a una brecha que ya estaba cerrándose y hasta cree que habrí­a cierto grado de «complicidad» en el sentido de liberar al partido de turno de la oposición polí­tica.

«La ONU debiera abstenerse de caer en algo que no es sino confrontación ideológica, porque es obvio que esta solicitud no afectarí­a a muchos funcionarios del gobierno de la UNE que fueron de la Guerrilla y que hoy gozan de derecho de antejuicio, así­ que no se aplicarí­a la justicia de manera imparcial, que es lo que siempre se ha exigido», refiere Mérida.

Además, cree que el Presidente planea una manera de reducirle espacio de maniobra al Partido Patriota, ya que de investigarse los crí­menes de la guerra, deberí­an iniciarse desde 1952 y que esto implicarí­a la investigación de Otto Pérez Molina, lí­der de ese partido, debido al plan que la diputada Roxana Baldetti, hizo público.

ASí DEBIí“ SER Eduardo De León, director de la Fundación Rigoberta Menchú considera, en primer lugar, «fundamental» la ampliación del mandato de la CICIG debido a las condiciones para las cuales fue establecida, además, cree que esta instancia internacional debe dar continuidad a los casos que hasta ahora ha investigado y trabajar en el fortalecimiento a la justicia.

El analista considera que «hay un tema realmente pendiente que se constituye en una deuda de parte del Estado de cara al juzgamiento del genocidio en el paí­s, lo cual es una prioridad que hoy no existe en términos del sistema de justicia, que sigue sujeto a los poderes y ataduras militares, polí­ticas y económicas».

Sin embargo, De León opinó que el argumento del Presidente «merece un mayor análisis», además, que el mandatario deberí­a, previo a emitir ese tipo de consideraciones «consultar a las organizaciones de ví­ctimas para saber cuál es la posición de estos colectivos, sin ello el anunció que hace es demagógico», consideró.

A decir del entrevistado, actualmente no existe una posición del gobierno ni del Estado en cuanto al tema de ir moviendo los roles de los poderes en función de la persecución del genocidio, por lo que insistió en que las declaraciones de Colom carecen de fundamento.

De León añadió que el Estado ha demostrado ser «inamovible», de cara al juzgamiento del genocidio, pero considera que es necesario evaluar si mediante la ampliación de la CICIG podrí­a haber cambios en ese tema. Además, denunció que los autores materiales e intelectuales de ese tipo de crí­menes «están en la calle y en puestos públicos, decidiendo polí­ticas de Estado, por lo que para que se alcance la democracia el paí­s debe avanzar en esa materia.

MATAR A LA CICIG

Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala, es quien opina que la propuesta del Presidente podrí­a ir encaminada en «matar a la CICIG», por lo que consideró que el Gobierno debe apoyar a esa instancia antes que hacer ese tipo de sugerencias.

«Pienso que, en primer lugar, lo que hay que hacer es apoyar a la CICIG, cosa que dista mucho del discurso del Presidente y antes de ampliar nuevas facultades hay que darle el apoyo que merece y necesita esa instancia», indicó.

Carlos Castresana, ex titular de la CICIG, dijo durante el anuncio de su renuncia a la Comisión, que el respaldo de los tres organismos de Estado en la lucha contra la impunidad era limitado. Del señalamiento no se escapó el Ejecutivo.

Asturias comparte la idea de que esa instancia internacional necesita más tiempo de vigencia en el paí­s, debido a que los procesos penales en son muy lentos y eso ha limitado a seguir pocos casos. Además, considera que requiere mayor tiempo para que se vayan aplicando los cambios legislativos que requiere el paí­s y finalmente pueda hacerse el traslado de capacidades desde CICIG hacia el Estado, no obstante cree que ha faltado voluntad polí­tica.

El analista explica que la viabilidad polí­tica que tení­a la CICIG cuando aún se discutí­a su propuesta debió excluir la investigación de casos relacionados con crí­menes de guerra: «de haberse incluido en el acuerdo, no tendrí­amos CICIG», opina, y añade que eso se debe a que las fuerzas polí­ticas con personas vinculadas con los crí­menes del pasado tienen mucha influencia en el Congreso.

«El tema es que no podemos darle todo a la CICIG, y es fundamental saber que su ampliación implica su debilitamiento, así­ que la propuesta del Presidente me pereciera que va más en dirección a matarla y lo que hay que hacer es rescatarla. Y antes de seguir hablando de más, el Presidente debe ver que hay una grave ausencia de apoyo al mandato. Sus declaraciones contribuyen, con o sin intenciones, a matar a la CICIG», enfatizó.

SIN RESPUESTA

Diario La Hora intentó obtener una versión del gobierno respecto a las crí­ticas que los diferentes analistas consultados hicieron a la propuesta del Presidente, sin embargo, no fue posible la comunicación telefónica.

En diferentes oportunidades se intentó contactar telefónicamente con Giuseppe Calvinisti, vocero del Presidente y Ronaldo Robles, secretario de Comunicación de la Presidencia, no obstante ninguno de los dos respondió las llamadas.