La solicitud de amparo provisional fue presentada en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, dicha solicitud desliga la intervención del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en el tema de investigación, en los casos Parlacen y Boquerón que conoce el Ministerio Público (MP).

En el marco del asesinato de cuatro parlamentarios salvadoreños, su piloto y cuatro ex investigadores de la Policí­a Nacional Civil (PNC), en la cárcel El Boquerón, el PDH presentó una solicitud al Juez Noveno de Primera Instancia que se le diera la «facultad para realizar investigación» en los casos referidos.

Dicha solicitud fue declarada con lugar por parte del juez Noveno Nery Medina el 1 de marzo último, el fallo permití­a que la institución del PDH pudiera realizar investigación especial por los casos que actualmente conoce la Fiscalí­a de Delitos Contra la Vida.

Postura del MP

Ante la anterior resolución, el MP respondió con la solicitud de amparo provisional que conoció la sala primera de apelaciones. Los argumentos presentados en la solicitud se basan en que «el MP es el órgano encargado de las pesquisas y según el proceso penal el MP posee el monopolio de la investigación».

Esta instancia consideró además que el acceso del PDH a la investigación «genera proyectos de investigación paralela en un mismo caso», y agregaron que con la resolución del Juez Noveno de Primera Instancia, «se viola el debido proceso y el derecho de defensa entre otros derechos constitucionales.»

El fiscal Edwin Marroquí­n, de la Fiscalí­a de Delitos Contra la Vida indicó que la Corte de Constitucionalidad le otorgó al MP el amparo que dejaba fuera de la investigación al PDH.

Marroquí­n reiteró que la intervención del PDH en la investigación afectaba las pesquisas y que no era correcto.

Informe del PDH

Esta instancia presentó un informe preliminar sobre los casos mencionados. En dicho informe señala a las instituciones de seguridad.

í‰ste argumenta que el Ministerio de Gobernación no proporcionó la seguridad requerida por los parlamentarios, manifiesta que «hubo una orden para que se destruyeran archivos de los agentes asesinados y las autoridades han encubierto información de vital importancia para esclarecer la autorí­a intelectual del crimen».

El PDH también niega que el asesinato de los agentes recluidos en El Boquerón haya sido producto de un motí­n de reos como han sostenido las autoridades a lo largo del caso.