Amnistía Internacional pidió este jueves la retirada de los «escandalosos» cargos presentados en contra el juez español Baltasar Garzón por investigar las desapariciones del franquismo y urgió a las autoridades españolas a hacer justicia para las familias de las víctimas.
«Es escandaloso. Por una cuestión de principios, Amnistía Internacional no toma posición sobre los méritos de las acusaciones específicas en contra de una persona bajo investigación judicial, pero en este caso la organización no puede permanecer silenciosa», declaró su directora de la organización, Widney Brown, en un comunicado divulgado en Londres.
«Si la investigación del juez Garzón viola la ley española o no, es sencillamente irrelevante porque la propia ley viola el derecho internacional», agregó Brown precisando que «investigar violaciones de derechos humanos pasadas (…) nunca debe considerarse un acto criminal», agregó.
Garzón, conocido por haber logrado la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, e investigado violaciones de los derechos humanos durante la dictadura argentina (1976-83), será juzgado en su país por investigar crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975) sin ser competente y obviando la ley de amnistía general de 1977.
El juez, que podría ser inhabilitado durante 20 años, argumenta que las leyes de amnistía no se aplican para los crímenes contra la Humanidad en el derecho internacional, con lo que coincide Amnistía Internacional.
«La ley de amnistía que impide procesar crímenes bajo el derecho internacional viola las obligaciones españolas derivadas de las leyes internacionales, y es deber del poder judicial, más tarde o más temprano, establecer que esta legislación sea nula y sin efecto», precisó Widney Brown.
Amnistía urge a las autoridades españolas a hacer justicia para las familias de las 114.266 personas que se estima desaparecieron durante la dictadura.
«España debe, independientemente de la fecha en que se cometieron, procesar a los autores. Debe tomar todas las medidas para revelar la verdad sobre las miles de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y torturas cometidas durante el franquismo y resarcir a las víctimas y sus familias».
«Cualquier intento de procesar a un juez por un ejercicio independiente e imparcial de su jurisdicción, o cuestionar la legalidad de una ley de amnistía incumple las obligaciones de España derivadas del derecho internacional y debe revocarse», concluyó la directora de la organización con sede en Londres.