El diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, presidirá por segundo año consecutivo la Comisión Legislativa de Probidad, en la cual intentará impulsar las reformas a la Ley de Probidad para obligar a los funcionarios públicos a que hagan pública su declaración patrimonial.

Pop sabe que se trata de un punto muy sensible por la corrupción que emerge en el aparato estatal y anticipa que por las circunstancias, será difícil cambiar la normativa.

De nuevo sigue al frente de la Comisión de Transparencia y Probidad ¿Cuáles son los retos en esa sala de trabajo?

En la Comisión de Probidad yo identifico tres grande retos. Primero, el impulso que quiero realizar a la Ley de Probidad, porque hay varios temas que quiero mejorar y que incluyen también la aprobación de la iniciativa de ley de secreto bancario, para establecer controles en la banca del país, porque existe un cálculo que el país pierde hasta Q10 mil millones al año por evasión fiscal y por supuesto lo que implica en temas del crimen organizado y narcotráfico. Es muy importante que se retome la discusión de esta propuesta de ley, porque hay aspectos importantes para discutir.

El segundo gran reto es la coyuntura de la elección de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Creo que es muy importante que por el mandato y la definición de la Comisión se pueda hacer un ejercicio de observación y monitoreo para que el Congreso tenga los mejores insumos y criterios para que tome las decisiones democráticas de manera correcta. Tenemos muchos males; hay muchos poderes fácticos en el país que reclutan funcionarios y eso es grave para la democracia y la transparencia, para la probidad y el equilibrio de poderes.

El tercer reto es acompañar el proceso de elección de Contralor General de Cuentas, que tiene un nombramiento distinto.

¿Usted pretende dejar en evidencia estos “poderes facticos”?

Si en el resultado de la fiscalización resulta eso, yo haría las denuncias y por supuesto que lo haría público. Lo que se pretende hacer es que la Comisión de Probidad tenga un nivel de incidencia, de visor y de acompañamiento a los procesos de postulación.

Usted mencionaba cambios a la Ley de Probidad ¿Cuáles son estos cambios?

Cambios en las sanciones para los funcionarios y las obligaciones en materia de probidad, publicidad y transparencia en los actos públicos. Un aspecto importante es la declaración patrimonial, de la que yo estoy absolutamente convencido que debe ser pública.  Con esto lo que intento es también tener un nivel de consenso entre la sociedad civil para que califique las instituciones especializadas y desde luego en el Congreso.

¿Y qué hay de la propuesta de ley que permite eliminar el secreto bancario?

En cuanto a la propuesta de ley de secreto bancario, tiene restricción constitucional, porque la Constitución de la República establece la secretividad de la información bancaria. Liberar el secreto bancario implica que la ley debería de contemplar los mecanismos de control de acceso para el Ministerio Público, Superintendencia de Administración Tributaria y la Intendencia de Verificación Especial y además que se pueda dar el cruce de la información y el fortalecer la capacidad de fiscalización y control de estas tres instituciones.
De hecho, el sector privado viola el principio de secretividad bancaria porque todos sabemos de la empresa llamada el “chismógrafo” que le conoce la vida a toda la gente, que es la llamada “Infornet”. Eso podría ser ilegal porque le ha generado múltiples problemas a la sociedad cuando señala deudas por tarjeta de crédito y morosidad con los bancos. Eso no debería de estar público, según el principio constitucional, pero yo si estoy de acuerdo que tiene que ser público. Entonces, ¿Por qué no lo regulamos? Vemos que ya lo está haciendo Infornet y es más, el sector privado paga esa información, lo bancos pagan por esa información. Resulta que los bancos se cruzan información.
Es un cruce de información clandestino e ilegal hasta el momento. Yo no estoy en contra de eso, pero hay que hacerlo, pero hay que regularlo. Hay que reformar esa la Ley.

Usted fue parte de las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto ¿Se puede ser transparente sin retrasar la ejecución presupuestaria? ¿Cómo?

La transparencia es una meta constante y dinámica, es una forma de actuación administrativa, no es un solo procedimiento. Nosotros aprobamos el procedimiento para garantizar transparencia y resulta que el Estado no estaba preparado para garantizar los niveles de transparencia requeridos, eso es un reto inmediato en el que no tenemos que retroceder. Hay que transformar el aparato estatal que nos garantice la transparencia.

¿Pero qué hay de las reformas que se hicieron a esa misma ley la semana pasada, por qué no se podían ejecutar proyectos?

Lo que pasó ahora es que el Ministerio de Finanzas Públicas y el resto del Ejecutivo no estaban preparados para ejecutar los principios de transparencia que aprobamos en el 2013. Eso implicó un ligero retroceso, pero la ventaja es que es temporal. Esperemos que este año el Ejecutivo cumpla con muchas transformaciones institucionales, de manera que el próximo año no necesitemos de estas excepciones.

¿A quién cree que no le gustaron estas reformas pro transparencia? ¿Acaso son los que ejecutan y contratan construcción?

Yo creo que no les gustó tanto a los contratistas como a los funcionarios. Hay un nivel de funcionario público que en acuerdo con el sector privado (una buena parte, no todos) prefieren eliminar los mecanismos de transparencia para garantizar el clientelismo y la corrupción en el Estado.

¿Cuál es su perspectiva sobre el problema de la corrupción en el Estado?

Es un panorama difícil, pero también poniendo los pies sobre la tierra ¿qué me toca a mí? yo pongo la denuncia, allí queda la evidencia. Entonces, que asuman su responsabilidad ética el Ministerio Público y los jueces.

Por ejemplo: Denuncio a la ministra de Educación, Cynthia Del Águila, por negar acceso a la información pública. El delito es incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. La Corte Suprema de Justicia en pleno acepta mi denuncia e inicia el proceso. Después denuncio al ministro de Energía y Minas, Erick Archila por lo mismo y la Corte me resuelve que es una cuestión administrativa y que lo resuelva por esa vía. Eso es impunidad y hasta allí ya no puedo resolver.

Entonces ¿Cómo se hace para meter a la cárcel a los responsables del mal uso de los recursos del Estado?

Hay tres retos para el ejercicio de la transparencia y el combate a la corrupción. El primero son leyes, en eso hemos avanzado. El segundo es una sociedad crítica con una cultura de denuncia, eso no hemos avanzado. Y el tercer elemento es un conjunto de funcionarios probos.

Si no tenemos funcionarios probos, no tenemos una sociedad crítica y no tenemos leyes claras. Así no avanzamos.

En este tema, casi siempre se apunta la fiscalización hacia los funcionarios y personajes públicos. ¿Qué pasa con los particulares?

Ya hay avances en eso. Las leyes de transparencias y las reformas aprobadas 2013 incluyen por ejemplo las figuras del testaferrato y el enriquecimiento ilícito de particulares ejecutando fondos públicos.  Hoy hay herramientas para que la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) cumpla su mandato de fiscalización. Hoy, por ejemplo, ya no hay excusas para que la CGCN pueda hacer auditorías, como es el caso de Maycom, que es una empresa privada ejecutando fondos públicos.

Estamos ya cerca de la campaña electoral y muchos financistas ya están desembolsando millones, para luego recuperarlos cuando quede el candidato que apoyaron. ¿Cómo frenar este círculo vicioso?

Todos tenemos responsabilidad en esto. El sector privado es quizá el primero al que se llama para  evitar corromper a los políticos. Para mí, la causa más importante de la corrupción es el sector privado, que compra políticos, compra partidos, condiciona decisiones y se beneficia de los contratos del Estado. Entonces eso es un círculo vicioso, porque cuando descubren a algún político lo reciclan, incluso lo mandan a la cárcel, pero el juego sigue, como una obra de teatro, pasa otro actor a jugar el mismo papel.
Un segundo llamado sin duda es el nuevo rol y papel de hacer política y quién lo va a determinar es el pueblo de Guatemala, que casi en procesión se trae a sus propios verdugos a ser diputados, alcaldes y presidentes.
Entonces yo creo que es importante reconocer que es el votante quien toma la decisión de definir en qué momento va a hacer el cambio.

Con las obras de infraestructura muchos se han hecho millonarios y al menos en papel no parece haber anomalías. Uno revisa las licitaciones, los contratos y todo está bien. Pero las carreteras están mal hechas. ¿Cómo detener esto?

Nosotros hablamos de detener eso en la Comisión de Transparencia, pero no avanzamos para regular la calidad de la obra y de eso nadie quiere hablar. Yo discutí cuando se trataba de aprobar la llamada Ley de Túmulos estos días, para dar a conocer que más allá de hablar de los túmulos también se tiene que hablar de las características y criterios de las carreteras en el país. No hay pasarelas, no hay pasos peatonales permanentes, no hay protección peatonal y todo eso debería ser regulado por el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y no por una Ley emitida por el Congreso.

Cuando logremos establecer los mecanismos de regulación en el Ministerio de Comunicaciones y en todo el tema de la obra pública, sumado a ello más herramientas de control para la CGCN, creo que se irá avanzando.

La compra de medicamentos es otro problema de sobrevaloración que se da en el Estado ¿Cómo frenar esto?

Esto de la sobrevaloración de medicamentos es estafa y este problema no lo han querido tomar las instituciones de control y fiscalización, como la CGCN y el MP.
Esto lo hacen mediante fraccionamiento de compra generado por la impunidad que ahora tiene su propia institucionalidad, que a criterio de la CGCN y MP debería de denominarse fraude de ley o estafa.

En el caso de las acciones del Organismo Legislativo miramos las sesiones parlamentarias y a veces parece que los diputados alcanzan acuerdos automáticos. ¿Cómo se hacen las negociaciones en el Congreso?

Esto pasa porque al final todos los políticos tienen intereses y no voy a negar que haya políticos financiados por sectores con poder económico que tienen que responder a las necesidades de esas personas y que esto mismo logra que los acuerdos sean “automáticos”.

¿Por qué ya no pudo aprobarse la Ley de Desarrollo Rural? ¿Qué factores influyeron?

Esta ley no se aprobó porque a todo el CACIF, en especial la Cámara del Agro, no le interesa, porque no quieren cambiar un modelo económico que les ha sido rentable en los últimos 200 años y no están dispuestas a cambiarlo.  ¿Y cómo se va a cambiar? En medida que los representantes de los intereses se diversifiquen y logremos equilibrios, porque actualmente hay más representantes de los intereses de ese sector histórico.

¿Hay otros parlamentarios además de sus compañeros diputados de la URNG que se interesen por los pueblos indígenas?

No, ninguna. Porque quien “coopta” al político y lo financia, se asegura que el político defienda sus intereses. Entonces no va a poner en riesgo los intereses del poder que los cooptó.
La justificación más simple que ponen los diputados para no tener una agenda de pueblos indígenas es: nosotros tenemos disciplina de partido, si el partido dice que sí, votamos que sí. Pero cuando se cambian de partido político no hablan de disciplina de partido, entonces ahí se ven claramente los intereses  que se defienden.