Aunque incursionó en actividades políticas, básicamente en organizaciones de izquierda democrática cuyo líder fue el extinto Manuel Colom Argueta, el abogado Américo Cifuentes Rivas es un académico y catedrático universitario por excelencia, según se desprende de su extensa hoja de vida que ha presentado a consideración de los diputados del Congreso de la República, porque aspira a convertirse en titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, institución en la que trabajó de asesor técnico y secretario general.
Resulta complicado, por razones de espacio, dar a conocer todos los cargos desempeñados por Cifuentes Rivas tanto como profesor en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos, como director de asuntos jurídicos de la misma USAC, catedrático de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, funcionario internacional de planta del Banco Centroamericano de Integración Económica, consultor jurídico del Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación y funcionario de la municipalidad de Guatemala.
Sin desestimar su trayectoria académica, lo más importante para mí es intentar resumir el plan de trabajo que se propone realizar al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos si es elegido por el Congreso, y cuyos objetivos se concretan en promover el fortalecimiento del estado de Derecho, que conjuntamente con el sistema democrático constituyen la plataforma para el respeto a los derechos humanos, y formular un planteamiento general cuyo enfoque sobre el irrespeto a los derechos humanos radica en los desajustes sociales y la desintegración familiar, derivados de la drogadicción, el alcoholismo y la prostitución, y aunados al desempleo, el hambre, la miseria y la delincuencia, entre otros factores.
Cifuentes Rivas se propone fomentar acciones encaminadas a atender las realidades sociales que han sido objeto de análisis en los recientes informes sobre desarrollo humano, auspiciado por la ONU; así como supervisar el respeto al debido proceso legal, para que las víctimas puedan reclamar la restitución de sus derechos vulnerados y la reparación integral de los daños ocasionados; relanzar a la institución del PDH para rescatar el prestigio que le corresponde, y establecer los mecanismos apropiados encaminados a atender a las víctimas de la violencia en todas sus expresiones.
Advierte que si fuera cierta la versión mediática de que el titular de la PDH devenga un sueldo mensual de Q80,000, rebajaría esa cantidad que le parece escandalosa, por un salario decoroso y acorde a la realidad socioeconómica de la mayoría de los guatemaltecos.
Asimismo, impulsaría vigorosamente acciones tendientes a la conciliación y reconciliación de la sociedad guatemalteca, para evitar la permanente confrontación que sólo provoca más resentimientos y odios, a la vez que procuraría que se elimine el monopolio relativo que sólo abogados pueden aspirar a dirigir los destinos de la PDH, a sabiendas que existen profesionales de diferentes disciplinas que tienen la capacidad y conocimientos para ocupar ese cargo, y que para atender asuntos eminentemente jurídicos tendría como principal asesor a un subprocurador versado en la materia.
Otros aspectos que Cifuentes Rivas afrontaría se refieren al problema de las pandillas juveniles (maras), fruto de la insuficiente organización social, la exclusión, marginación y pauperización de amplios sectores y los diversos desajustes sociales que provocan nuevos fenómenos de conflicto.
Su plan de trabajo contempla, también, aspectos sobre el medio ambiente, la educación de los derechos humanos, la masiva migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos, la utilización de vías alternas para la resolución de conflictos, asesoramiento a diversos sectores de la sociedad que buscan acceso a la jurisdicción internacional de protección a sus derechos, ante la inoperancia y el agotamiento de los recursos internos.
Subraya Cifuentes Rivas que en la medida en que el Estado resuelva satisfactoriamente los derechos humanos de cada guatemalteco, se podrá contribuir a asegurar el bien común, y por ellos mismo el Procurador de los Derechos Humanos devendría en uno de los más reales colaboradores de la administración pública, de todos los organismos estatales, para no figurar exclusivamente como un opositor sistemático o crítico negativo y oficioso al sistema democrático de vida; pero, en todo caso, anteponiendo su función de defender los derechos humanos de todas las personas, y haciendo una eficaz labor de acompañamiento a las víctimas de la delincuencia, y del abuso, la arbitrariedad y la corrupción en todas las instancias del Estado.
Asienta que la eficacia de la actividad de la institución del Procurador de los Derechos Humanos es la certeza jurídica de que su accionar se fundamenta en la ética, la moral, la ponderación y la responsabilidad, factores indispensables que le concedan credibilidad y respeto a sus resoluciones y recomendaciones.
(Romualdo, empleado de la PDH, comenta: -Un funcionario público, sobre todo de las fuerzas de seguridad, que es señalado de violar derechos humanos y que es capaz de sonreír en esas circunstancias? es porque ya tiene pensado a quien echarle la culpa).