En Guatemala las luchas y reivindicaciones de los campesinos por el acceso a la tierra, de los pobladores opuestos a las actividades extractivas mineras o de las hidroeléctricas, de los que carecen de vivienda digna, de los que defienden el territorio, de los que demandan el respeto a la Pachamama, a los derechos de los pueblos indígenas, a los derechos de las mujeres, de los niños y adolescentes, de los estudiantes y de la diversidad sexual, continúan siendo criminalizadas y reprimidas.
Muchos dirigentes y activistas de estas luchas y reivindicaciones están siendo amenazados, perseguidos y encarcelados, son víctimas de atentados y ataques contra su integridad y su vida, varios han muerto de forma violenta.
Las luchas sociales de ahora son históricas, tienen su raíz en las condiciones estructurales injustas, desiguales, inequitativas, racistas y discriminatorias que han caracterizado a la sociedad guatemalteca por más de 500 años, a lo largo de los cuales se han construido las relaciones sociales alrededor de los intereses de las clases dominantes; por tanto, la superestructura jurídica que sustenta el estado de Derecho, está hecha para crear las condiciones que favorezcan y garanticen la reproducción del sistema de injusticia y desigualdad que persiste. Entonces, las demandas legítimas de los pueblos originarios y demás sectores sociales excluidos y marginados, se satanizan y criminalizan con perversidad maniquea, con el único fin de defender el sacrosanto derecho a la propiedad privada, los intereses oligárquicos, los capitales transnacionales y la concentración de riqueza material.
En todos los puntos cardinales de la geografía del país es fácil observar los focos de tensión, conflictividad y confrontación que ocurren; ya sea en la Franja Transversal del Norte, las Verapaces, el Altiplano Occidental, el Sur, el Centro y en el Oriente, es común que nos enteremos de enfrentamientos desiguales que ocurren con frecuencia, entre pobladores contra miembros de las fuerzas de seguridad y de los grupos armados privados pagados por los terratenientes. Los principales focos de tensión conflictiva concentran la lucha en tres variables: agrario, ecológico y derechos humanos. Creo que al desatender y dejar pasar el tiempo sin resolver estas situaciones, las condiciones se van a agravar y por tanto,
la confrontación puede subir de tono y aumentar la intensidad de los conflictos.
La represión, el abuso de poder, las violaciones a los derechos humanos que ahora ocurren, son una constante que provoca mayor confrontación, incrementa la polarización, la intranquilidad social, el dolor y luto de muchas familias; en otras palabras, la conducta autoritaria e intolerante de autoridades del Estado y gobierno, le cierra el paso a la paz y a la armonía social que deberían prevalecer y que tanto necesita la sociedad y el país.
Por la criminalización de las luchas sociales, al día de hoy, ya son decenas los presos políticos privados de su libertad, algunos sometidos a abusos y malos tratos por parte de elementos de la Policía Nacional Civil, PNC, así ocurrió con LUIS AC y CARLOS RAX CHUB, capturados ilegalmente y vapuleados por agentes de la PNC el 17 de los corrientes en el municipio de la Tinta, Alta Verapaz. Los detenidos por los hechos de esta semana en San Rafael, las Flores, Santa Rosa; las amenazas de muerte contra DOMINGO HERNÁNDEZ IXCOY o la situación de los líderes indígenas capturados en Barillas, son muestras claras de lo que afirmo.
P.S. La humanidad conmemora hoy el Día internacional de la Paz, propicio para llamar al gobernante a que corrija el rumbo; para promover la armonía, solidaridad, amistad y fraternidad entre las naciones, los pueblos, la especie humana.