Rechazar o ignorar la extorsión de un grupo criminal se puede pagar con la vida, y por eso miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares y negocios en las zonas “rojas” de la Ciudad de Guatemala y los municipios aledaños, frente a la amenaza que representan las pandillas y sus constantes exigencias de un “impuesto de guerra” acompañado de “sentencias” de muerte.

Cuando las intimidaciones suben de tono y se terminan las posibilidades de negociar con los criminales, el siguiente paso es la movilización.

Guillermo Cano* fue asesinado el 2 de mayo del año pasado en el interior de su negocio, ubicado en la colonia Proyectos Santa Faz, en la zona 6 capitalina; se cree que el panadero fue ultimado a balazos porque las pandillas no le perdonaron su resistencia a pagar los Q200 que le exigían como extorsión. 

A partir de entonces, los integrantes de la familia Cano abandonaron su casa y el negocio, y ahora rentan una vivienda en otro sector capitalino donde intentan iniciar un nuevo capítulo en sus vidas y evitar ser víctimas de los extorsionistas una vez más.

Ese caso se suma al de miles de guatemaltecos de las zonas 6, 18 y 12 de la capital, Villa Nueva y Mixco, entre otros sectores urbanos que se han visto obligados a movilizarse por causa de la violencia en sus barrios y colonias. (Lea: Áreas Ocupadas)

En los últimos años aumentó la presencia de las pandillas en esos sectores,  así como la presión y el tono de sus amenazas, por lo que las familias que fueron víctimas de las extorsiones decidieron abandonar su inmueble y buscar lugares seguros para establecerse.

El fenómeno aún se observa en varios puntos de la metrópoli y por eso, hay cuadras completamente deshabitadas en las colonias Santa Faz, Rich y Jocotales, en la zona 6, así como en El Limón, Lomas de Santa Faz, Maya, San Rafael, en la zona 18; Villalobos, El Búcaro, la Reformita en la zona 12; Villa Nueva y Mixco, según constató La Hora, en un recorrido por los principales barrios afectados.

Los propietarios de las viviendas abandonadas sellaron las puertas y las ventanas con madera y otros materiales de construcción para evitar que fueran ocupadas. No obstante, algunas fueron invadidas por familias pobres y otras sirven como refugio a los mismos pandilleros que obligaron la retirada de sus habitantes bajo amenazas de muerte.

“No era solo una casa. Era mi patrimonio, mi vida y mi esfuerzo”, dice una madre de familia entrevistada en la colonia Rich, quien se vio obligada a dejar su vivienda ubicada en un sector cercano a donde reside actualmente, porque ya no “soportaba” la presión de las maras.

Su lamento se suma al de la viuda de Cano, que tuvo que huir junto a sus hijos tras aquel 2 de mayo, cuando los delincuentes mataron a su esposo porque no pudo lidiar con la presión de dos estructuras criminales que le hostigaban a diario.

Según relata la entrevistada, un grupo delictivo le cobraba Q350 semanales y el otro le pedía Q200; sospecha que al segundo “no le pudo pagar” y por eso ordenaron su muerte.

Aún con una propiedad registrada a su nombre, por la que tienen que pagar el impuesto único sobre inmuebles a las municipalidades, las afectadas tienen que hacer un esfuerzo para poder rentar una vivienda en un área donde no sean acosadas por el crimen.

En la colonia El Limón, en la zona 18, los residentes se limitan a decir que “nadie se escapa” de la extorsión, pues todos deben pagar o lo mejor es retirarse de su casa.

En Carolingia y Lo de Bran, en Mixco, sucede lo mismo, con el agregado de que la gente teme aún más, porque según dicen, han visto a los pandilleros desmembrar y descuartizar a sus víctimas.

Una mujer de Carolingia explica que su familia fue una de las primeras que llegó a la colonia décadas atrás a ocupar el terreno donde ahora vive con sus hijos y nietos, pero las amenazas de los pandilleros les hacen pensar que pronto se podrían marchar.

“Ahora vivimos en terrenos legales, pero mi abuelo fue uno de los primeros que vino a ocupar las tierras; con otras familias desarrollaron la comunidad y crecieron juntas, pero ahora la inseguridad es una amenaza para todos”, explica la ama de casa. 

“Dicen que cada palabra que salga de la boca, debe ser cuidadosa, porque puede ser peligroso”, refiere otro vecino de Carolingia, quien pide que no se le pregunte más por un gigantesco número “18” que está marcado en la puerta de su casa.

La Hora se informó por medio de la gente y los análisis policiales, cómo los pandilleros utilizan los símbolos de sus clicas para marcar las casas y negocios a los que les cobran las extorsiones; ahora, la simbología también se utiliza para llevar las cuentas de pagos puntuales y atrasados. (Lea: Pizarras)

LOS PANDILLEROS

El cuerpo marcado de tinta los enaltece y sus actitudes hostiles los colocan en una posición “temible”, dice la gente sobre los pandilleros, que han causado un éxodo en las zonas rojas.

Una pistola en el cinto del pantalón los hace creerse indestructibles y su prepotencia es notable cuando exigen extorsiones a las familias durante sus recorridos por los callejones y las principales arterias de los barrios, donde la presencia de las fuerzas de seguridad es escasa.

En las distintas visitas a colonias consideradas como “rojas” –por el nivel de peligrosidad– se confirmó que en Mixco los pandilleros no intentan pasar desapercibidos y al contrario, prefieren ser notados entre las comunidades. 

Esos grupos no soportan que se cuestionen sus acciones, por eso, ante la visita de extraños, alzan la voz de alerta a un grupo nutrido de sus integrantes para ejercer presión e intimidar a los “visitantes”.

En las calles principales de las colonias de las zonas 6, 18, Mixco y Villa Nueva se observa la presencia de las fuerzas combinadas, pero la situación es distinta al adentrarse por los callejones donde operan los grupos delictivos; quien ingresa sin conocer el lugar está expuesto a sufrir cualquier vejamen.

En esos callejones que colindan con barrancos se asentaron varias familias que viven en condiciones precarias.  La niñez y juventud que reside en esos lugares dice que “es más fácil obtener un AK-47 que una beca de estudios”.

DENUNCIANTES

Estadísticas de la Unidad de Acción Nacional contra el Desarrollo de las Pandillas de la Policía Nacional Civil (PNC) refieren que 4 mil 017 personas denunciaron ser víctimas de los extorsionistas el año pasado.

Sin embargo, Eleonora Muralles, directora de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), opina que el impacto del problema es aún mayor si se toma en cuenta a quienes no denuncian.

“Eso es un subregistro que no refleja la gravedad del problema. Hay muchísima gente que no denuncia y que está pagando la extorsión; son muchísimos comercios, colonias donde llega el pandillero y pide el dinero diario, mensual o semanalmente, pero a esto sumémosle todo lo de los buses, las extorsiones que se manejan con teléfonos celulares”, dice la entrevistada.

Según Muralles, un alto porcentaje de las extorsiones continúan saliendo desde las cárceles, y se siguen utilizando teléfonos robados para cometer ese delito, por eso insta a la aprobación de la ley de registro móvil para la prevención del robo de celulares y la extorsión.

“Se siguen generando llamadas de los penales y por eso no es cierto lo de los bloqueadores; tenemos los reportes de salidas de llamadas del Preventivo y de casi todos los centros penales. También insistiría en el tema de la ley que estamos discutiendo con el Ministro de Gobernación para ver si hay alguna enmienda, pero le tocaría al Congreso de la República asumir esa parte”, destacó.

EL PLAN DE REGRESO

El ministro de Gobernación (Mingob), Mauricio López Bonilla, dijo a La Hora, que el plan de trabajo para este problema se enfoca en recuperar el territorio copado por las pandillas, la defensa y protección de los vecinos en los territorios amenazados, la atención integral a las denuncias de los afectados y la coordinación del trabajo de prevención con las municipalidades.

“Nosotros tenemos que retomar ese control. Tiene que pasar a manos de la autoridad para garantizar el derecho de los ciudadanos y en esa toma de control está el inventario que se hace de las casas que fueron abandonadas. Vamos por una campaña de comunicación sobre la denuncia ciudadana, la organización de vecinos, colocar mayor iluminación, un sistema de alerta y comunicación rápida, la restitución del 110”, afirma el funcionario.

Según Bonilla, la recién instalada Fuerza de Tarea contra las Extorsiones recopila toda la información relacionada con las denuncias y las investigaciones, con miras a planificar y efectuar las acciones urgentes en los territorios ocupados por los grupos delictivos.

“Estamos trabajando con el acopio de toda la información y ya desarticulamos dos clicas que se dedicaban a extorsiones; estamos con todo un mapa de riesgo, tenemos información de las clicas, de la organización pandillera en todos los niveles, quiénes son sus líderes, estamos haciendo ese mapa porque tenemos muchísima información y vamos tras la desarticulación de esas bandas, de la mano del MP”, destacó.

Bonilla se comprometió a “devolver” las casas abandonadas u ocupadas por los pandilleros, pero prefirió no hablar de tiempos porque resulta “complicado”, sin embargo afirmó que la gente no va a esperar cuatro años para retornar a su residencia.

“No puedo darle un tiempo, lo que sí le puedo decir es que no van a esperar los cuatro años para regresar, aquí estamos trabajando rápidamente para poder ordenar los planes, poner el uso de la fuerza como corresponda y llevar a cabo las acciones, no podemos hacerlo todo al mismo tiempo, pero podemos asegurar que vamos a recuperar el 100 por ciento de todas las áreas, pero necesitamos actuar con mucha precisión”, destacó Bonilla.

Ana María de Klein, de Madres Angustiadas, opinó que la atención a las víctimas de la extorsión debe ser prioridad, y se deben buscar mecanismos para que no sufran más amenazas.

“Creemos que tienen que asegurarse de que ese territorio sea abandonado por las maras y que haya presencia policial. Hay algunas colonias donde los policías no pasan ni siquiera por casualidad, precisamente porque son zonas muy conflictivas; es necesario una subcomisaria en esas áreas y el número adecuado de policías, si es necesario el trabajo de las patrullas combinadas”, refirió.

El Ministro por su parte, responde que la seguridad permanente debe ser una garantía, después de la recuperación de esos lugares.

“En el concepto que le dí de recuperar, defender y asegurar territorio no hay solo patrullajes combinados, sino que vamos a asegurar el asentamiento permanente de una fuerza de reacción que impida que esto regrese, si no, no tiene sentido; nosotros no queremos repetir y hacer más de lo mismo”, destacó.

El funcionario concluyó en que su equipo de trabajo recopila la información de las casas que fueron abandonadas en los sectores rojos del país, esto a través de acciones operativas e identificación de las clicas que operan en cada sector.

*El nombre del fallecido fue modificado para resguardar la seguridad de su familia.