Las perspectivas para el año nuevo en el mundo no son muy alentadoras. El sistema capitalista está afrontando una de las peores crisis de su historia. Las crecientes protestas en Europa, especialmente en España por los despidos laborales y recortes salariales, se están agudizando.
La situación también es preocupante en Estados Unidos en donde la pobreza se ha incrementado de manera alarmante. Estos últimos días, el presidente Barack Obama ha estado librando una dura batalla para evitar que el país caiga en el precipicio fiscal, ante la intransigencia de los congresistas del Partido Republicano, que se han empecinado en impedir el aumento de impuestos a los sectores más ricos.
Guatemala tampoco es la excepción. Aquí la política del Partido Patriota es muy semejante a la de los republicanos de Estados Unidos. En ese contexto, la ciudadanía no comparte el optimismo del presidente Otto Pérez Molina sobre que este año se habría producido algún crecimiento económico, pues el mismo no beneficia a la mayoría de la población, sino solo a una minoría nacional que tiene en sus manos el poder político y social.
Uno de los principales indicadores que la economía no está saludable para los sectores populares, es el constante aumento de precios de los artículos de consumo diario, con una impresionante pérdida del poder adquisitivo de la moneda guatemalteca, el Quetzal.
Además, en este mes de Enero cobra vigencia la mal llamada Reforma Tributaria impulsada por el actual gobierno, la cual perjudicará a las capas medias y a los grupos más pobres, sin afectar en lo más mínimo a los miembros de la clase dominante. Uno de los primeros efectos, es que en muchos de los casos, aumentará al doble el Impuesto de Circulación de Vehículos.
Asimismo, en Guatemala estamos recibiendo el año nuevo con nubarrones negros luego de las amenazas del Director del Registro Nacional de Personas, Renap, de aplicar una multa de cincuenta quetzales a los ciudadanos que todavía no han tramitado el nuevo Documento de Identificación Personal, DPI.
La peregrina idea de este funcionario, no fue bien recibida en amplios círculos de la sociedad, al grado que el propio Presidente de la República se pronunció en forma categórica en contra de tal iniciativa.
Con una postura ponderada y correcta, el gobernante recordó que según la ley, el primer DPI no tiene ningún costo, asegurando que el Ejecutivo exigirá al Renap que cumpla con lo establecido y no se haga ningún cobro a quien no haya gestionado ese documento.
Si bien es cierto que algunos ciudadanos podrían ser calificados de negligentes para hacer ese trámite, también lo es que muchos han afrontado la ineficiencia de los servicios del Renap.