El presidente de Perú, Alan García, dio un ultimátum ayer a la minera estadounidense Doe Run para que reanude sus actividades -suspendidas hace un año- antes del 24 de julio o de lo contrario cerrará sus operaciones.
La advertencia coincidió con el inicio de una protesta de los trabajadores afectados por la parálisis, que según el gobierno está siendo utilizada por la empresa.
«No podemos ser puestos contra la pared por una empresa que ha incumplido los plazos y las inversiones a las que se comprometió», subrayó el mandatario, quien enfatizó que lo que busca Doe Run «es chantajear al gobierno y buscar que el gobierno y el parlamento le den más plazos».
«Se les ha ido perdonando la vida, pero hay un límite para eso, ya no podemos soportar más estas excepciones», remarcó en diálogo con periodistas.
Si en la fecha señalada no vuelve a operar «deberá cerrarse de acuerdo a lo establecido», advirtió.
Este lunes los mineros de Doe Run iniciaron una huelga indefinida y bloquearon algunos tramos de la estratégica Carretera Central, que conecta Lima con la región centroandina del país, para presionar a la firma estadounidense a reabrir.
García llamó a los 3.500 trabajadores de la minera a «no caer en el juego de la empresa», a la que acusó de movilizar a los trabajadores para bloquear una importante carretera y así obtener más facilidades y luego incumplirlas.
La ciudad de La Oroya, donde se ubica Doe Run, 185 km al este de Lima y sobre los 3.500 metros de altitud, se encuentra totalmente paralizada por la medida de fuerza y bajo vigilancia de unos 2.000 policías y 500 soldados.
La empresa opera en esa región una refinería polimetálica y explota una mina que produce plomo, zinc, cobre, plata y oro.
La Oroya, de 60.000 habitantes, vive desde hace un siglo de la minería y es una de las ciudades más contaminadas de Perú.
Grupos de huelguistas sostuvieron algunas refriegas con la policía antimotines que trataba de desbloquear tramos de la ruta, que era cortada en otros lugares.
Roberto Guzmán, secretario general del sindicato de Doe Run dijo a la AFP que la empresa «está poniendo inconvenientes y parece que no tiene interés de solucionar el problema».
«No podemos tolerar esta situación, estamos impacientes, que se defina Doe Run que es la responsable de todo lo que está sucediendo, el gobierno también debe poner mano dura», dijo el dirigente, quien señaló que lo que les importa es defender sus puestos de trabajo.
El Primer Ministro, Javier Velásquez Quesquén, informó que se ha denunciado a los dirigentes que han promovido la medida fuerza.
Señaló que existe una «maniobra encubierta por parte de Doe Run para presionar al Estado a través de cuatro o cinco dirigentes que promueven la huelga para presionar al gobierno».
De producirse el cierre de Doe Run el gobierno estudia un programa de reconversión laboral para los trabajadores de manera que sea reubicado en otros proyectos mineros en el país, dijo el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.
Doe Run opera en la región central del país desde 1997, año en que fue privatizada la refinería.
Durante los últimos años obtuvo plazos para que se adecúe a un programa de defensa del medio ambiente, que requiere una inversión de unos 160 millones de dólares para luchar contra la contaminación en La Oroya, pero siempre fue acusada de incumplir los plazos otorgados.
La empresa debe más de 200 millones de dólares en impuestos y a otros acreedores peruanos, por lo que solicita un plazo de hasta 20 años para pagar las deudas, lo que se considera inaceptable por el gobierno.