La entrega de resultados del informe de acceso a la información del Procurador de Derechos Humanos (PDH) se interrumpió por una amenaza de bomba en un centro de convenciones en la zona 10 capitalina.

“El personal de seguridad recibió una llamada indicando que se haría explotar un artefacto explosivo si no se suspendía la actividad y nos retirábamos. Lo más prudente es suspenderla”, manifestó Jorge de León Duque.

El evento fue suspendido y los asistentes fueron desalojados de los salones donde se tenía planeada la presentación, como medida preventiva ante la amenaza que alarmó al PDH.

Personal de seguridad acudió al lugar para investigar la denuncia, mientras que la actividad se trasladó a la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos en la zona 1 capitalina.

Respecto a la amenaza de bomba, según De León Duque,  este tipo de medidas se debe a la forma en que trabaja la PDH para transparentar las acciones de las entidades del Estado.

El PDH presentaba parte del Informe Anual sobre Acceso a la Información Pública  en la zona 10. Según este estudio realizado en 2012 por la PDH, 342 dependencias del Estado cumplieron con entregar el informe final de labores, el cual se entrega a inicios de cada año a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información (SECAI).

“Cumplimos con el mandato legal de presentar este informe anual, y que la PDH como entidad reguladora según la ley, tiene la obligación de hacerlo legal y público”, expresó el Procurador.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
Según el informe, el año pasado se recibieron 409 informes de este tipo, 67 documentos menos de los previstos. La dependencia mejor calificada es el Ministerio de Gobernación, y la peor calificada es la municipalidad de Comitancillo, porque lo entrega extemporáneamente (60 días después).

“Existe un incumplimiento en la entrega del informe anual a la que todos los sujetos están obligados, y deben presentarlo a más tardar el último día del mes de enero, aunque muchos de ellos se atrasaron y lo presentaron después”, indicó.

Jorge de León Duque anuncia que se abrirán los expedientes de denuncia a estas entidades. Según el PDH existen aún entidades que a la fecha no entregan sus informes y se les abrirá un expediente porque no cumplen con hacer público el uso de los recursos del Estado, e incluso pueden contraer sanciones de tipo legal y moral.

“La Ley de Acceso a la Información Pública establece 4 tipos de delitos, ante las negativas de las instituciones por entregar estos documentos no solo a la PDH sino también si un particular lo solicita. En este caso lo que procede es presentar una denuncia al Ministerio Público”, expresó.

Esta ley garantiza a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho de solicitar y tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados a esta ley, quienes la restrinjan pueden ser sancionados de acuerdo a la gravedad de la misma, previo proceso de revisión.

En última instancia se puede sancionar con prisión de uno a tres años al funcionario que niegue la información, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y una multa de diez a cincuenta mil quetzales.