En el Parque Yasuní, en la Amazonia ecuatoriana, hay un guardabosque desarmado por cada cien mil hectáreas. La misión que tiene es tan desproporcionada como el número: evitar el tráfico de madera a Colombia que está extinguiendo a los últimos indígenas nómadas.
Eduardo López, de 58 años, hace parte de la frágil barrera de contención. Antes que impedir, el hombre asegura que ve, impotente, el desfile de camiones o canoas saliendo del Parque Nacional cargados con tablones de cedro o caoba principalmente.
«Dentro del área no hay policías ni militares. Los traficantes pasan el cedro aserrado por nuestras narices. En eso llevan décadas. En poco tiempo ya no habrá madera fina que talar», dijo el vigía a la AFP.
Además del cedro (cuyo crecimiento tarda unos 100 años), el Yasuní contiene la mayor fuente de petróleo de Ecuador, ubicada en los campos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), con unas reservas probadas de alrededor de 1.000 millones de barriles, que el gobierno aún no resuelve explotar.
Tras la deforestación, con el impacto que implica en una zona considerada desde 1989 reserva mundial de la biosfera según la UNESCO, está un millonario negocio que empieza en la selva ecuatoriana y se extiende a Colombia y Estados Unidos.
«El cedro talado no se queda en Ecuador, va a Colombia o a Guayaquil (puerto ecuatoriano ubicado al suroeste) antes de ir a Estados Unidos», indicó López, en coincidencia con investigadores sociales y la Misión Capuchina de la Iglesia Católica, que desde hace años le sigue la pista al tráfico ilegal en el Parque Yasuní, de 950.000 hectáreas y ubicado a 300 km al este de Quito.
«Los compradores son colombianos, de ellos poco o nada se sabe, porque nadie quiere averiguarlo, pero se conoce que no sólo compran la madera sino que, en algunos casos, financian la operación», escribió Milagros Aguirre en su libro «Â¡A quién le importan esas vidas!».
El contrabando se apoya en una vasta red de aserradores, transportistas, indígenas Huaorani y comerciantes. Estos últimos muchas veces compran los tablones decomisados por las autoridades, con lo que adquieren el permiso para su movilización, en lo que se conoce como «el blanqueo de la madera», dijeron otras fuentes a la AFP.
Pero como en todo tráfico ilegal también hay víctimas. Y en este caso corresponden al eslabón más frágil de la cadena, de por sí vulnerable, del ecosistema del Yasuní: los indígenas Huaorani nómadas que se han aislado voluntariamente, lo que genera preocupación en el gobierno y grupos indígenas.
En Yasuní están también los campos petroleros ITT, a cargo de la estatal Petroecuador -que busca alianzas con sus pares de Brasil, Chile, Venezuela y China para explotarlos, con miras a obtener unos 700 millones de dólares anuales-, y el bloque 31 de la brasileña Petrobras.
La falta de una licencia ambiental definitiva del Estado ha retrasado la extracción de crudo por parte de Petrobras, que aspira a iniciar las operaciones en 2009 para obtener unos 40.000 barriles diarios de crudo.
El parque tiene árboles de más de 30 metros de altura y existen 638 especies de aves y 170 de animales (más del 50% de toda la fauna de Ecuador), según el ministerio del Ambiente.