Frescas guardo en mi memoria las complacientes reacciones de la dirigencia del Cacif; el alborozo de medianos y pequeños empresarios que pretenden ascender la escala social y económica, ignorando que los verdaderamente «ricos ya estamos completos», como diría un exquisito multimillonario, y la euforia de las clases media y media alta cuando el ex presidente Portillo fue encarcelado.
También recuerdo las manifestaciones de grupos de la pequeña burguesía que deliciosamente ataviados para un desfile de moda tropical, exigían la cabeza del presidente Colom, porque daban por sentado que el mandatario era un vulgar asesino que había ordenado el crimen cometido contra el abogado Rodrigo Rosenberg, aceptando como verdad dogmática las declaraciones post mórtem de quien, como posteriormente lo descubrió y reveló científicamente la CICIG, se autoinmoló.
En ambos casos ni mencionaban el debido proceso. Capturado el primero: convicto. Señalado el otro: culpable.
Cuando la CICIG promovió el juicio penal contra Portillo y altos funcionarios que fueron de su gobierno, los que despotricaban contra este ente abruptamente cambiaron el rumbo de sus emociones, para elogiar sus acciones contra el crimen organizado y enquistado en las estructuras del Estado.
Actualmente está ocurriendo un fenómeno similar, pero a la inversa. El médico Alejandro Giammattei, ex director de Presidios, fue acusado de ejecución extrajudicial y otros delitos. Su captura fue un insulto para quienes dicen que «los buenos somos más», llegando a exigir su inmediata liberación, sin que antes fuera sometido al debido proceso. Simplemente porque es amoroso padre de familia y fiel esposo.
Pero el acabóse fue cuando se ordenó la captura del empresario Rodolfo Vielmann, también sindicato de los delitos que se le imputan a Giammattei. Es inconcebible para la flor y nata de la sociedad oligárquica que uno de sus miembros sea objeto de la más mínima sospecha de haber cometido cualquier delito. La razón para declarar a priori su inocencia es que es de buena familia, de recatados modales y de intachable conducta en el selecto círculo de sus amistades.
Como las clases altas responsabilizaron a la CICIG de las infamias lanzadas contra el ex ministro Vielmann, el médico Giammattei y compañeros, entonces se desató un implacable ataque político y mediático contra esa Comisión, especialmente contra su ex titular Carlos Castresana y afirmaron que se le ha acusado ante la ONU, que oficialmente ha negado ese embuste. Â También se han valido de las declaraciones de la ex fiscal Giselle Rivera, pero en menor medida porque ésta ha señalado a Vielmann como pieza importante del crimen organizado dentro del Estado.
Y es que es normal que cuando los inculpados de indeterminados delitos provienen de las clases populares o son militantes o dirigentes políticos calificados de advenedizos por quienes son los únicos propietarios del país, entonces editorialistas y periodistas de opinión (algunos tan pelados como yo) se lanzan airadamente contra aquellos procesados, hasta exigiendo la pena de muerte. En caso contrario, los inculpados son inocentes del todo. Â
Lo acontecido en los casos citados demuestra el apoyo o el rechazo a la impunidad conforme parámetros económicos y sociales.
(Un poderoso empresario, dirigiéndose a su nada agraciado jardinero Romualdo Tishudo, cita este refrán: -El que nació feo y pobre tiene posibilidades que al crecer desarrolle ambas condiciones).Â