El movimiento indígena amazónico ha logrado avances en la defensa de sus tierras pero enfrenta aún desafíos y peligros, estimaron analistas al recordarse este sábado un año del «Baguazo», un choque con la Policía peruana que dejó 34 muertos y muchas heridas sociales abiertas.
Los indígenas amazónicos tomaron durante varios días una carretera. El 5 de junio de 2009, cuando la Policía intentó retomarla, hubo un fuerte enfrentamiento a balazos y lanzas, que dejó 24 policías y diez nativos muertos.
Los indígenas protestaban contra una decisión del gobierno de Alan García de permitir el ingreso de empresas transnacionales a sus tierras para realizar explotación minera y de hidrocarburos, sin consultarlos a ellos.
Esa tragedia, en la ciudad nororiental de Bagua, permitió a los peruanos descubrir el mundo de las comunidades nativas, secularmente ignoradas y con demandas siempre desoídas.
«Los indígenas que antes actuaban de manera silenciosa han devenido en un movimiento con una fortaleza que surge de su identidad, de su cosmovisión e historia que no tienen los movimientos urbanos», dijo a la AFP el antropólogo Alberto Chirif.
Investigador hace 40 años de la Amazonia, Chirif anotó que los indígenas «se han hecho visibles ante una sociedad que los consideraba un elemento meramente folklórico».
El escritor Roger Rumrrill, experto en temas amazónicos, estimó que «la rebelión indígena de 2009 creó una inflexión en la política peruana, y ahora los partidos políticos están modificando sus discursos teniendo en cuenta a este sector».
Por su parte el legislador Guido Lombardi, presidente de una comisión que investigó esos sucesos, sostuvo que se debe acusar constitucionalmente a los entonces primer ministro, Yehude Simon, y ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, por actuar «con precipitación» al ordenar una operación represiva «desastrosa y mal planeada».
Al mando de la protesta indígena estaba Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), contra quien se libró orden de captura, razón por la cual se exilió en Nicaragua.
Tras 11 meses en Managua, Pizango retornó a Perú el 26 de mayo para «contribuir a la reconciliación de los peruanos» y para demostrar su inocencia en el juicio por rebelión y motín entablado por el gobierno, según dijo.
El mes pasado, el Congreso aprobó un proyecto que regula el derecho de consulta previa que tienen los pueblos indígenas sobre decisiones que les afecten.
Para Chirif y Rumrrill el proyecto aprobado -aún no promulgado por el Ejecutivo- fue más la consecuencia de la presión de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del trabajo (OIT), sensibles a los temas indígenas, que de un real convencimiento del Estado.
«El gobierno no ha dado muestras de cambiar ante los indígenas y dudo de que eso vaya a significar un avance, por lo que el movimiento indígena enfrenta grandes desafíos a futuro», precisó Chirif.
También dijo que el gobierno busca dividir a los nativos y crear organizaciones paralelas al gremio ahora unificado de los nativos.
Rumrrill a su vez sostuvo que el proyecto de ley, si bien es «un paso adelante», esconde varias «trampas» como el hecho de que desde el Estado se buscaría designar a los organismos representativos de los nativos.
«Se persiste en una política de transnacionalización de la cuenca amazónica y el gobierno tiene un curso de colisión con los indígenas; lo más probable es que en los próximos meses puedan producirse más choques como el de Bagua», alertó.
La ONG estadounidense Amazon Watch estima que el gobierno «continúa alimentando las tensiones girando en grandes áreas de tierras indígenas a empresas petroleras sin su consentimiento.»
El gobierno considera que los recursos naturales pertenecen a todos los peruanos, no solamente a los indígenas, y que en esa medida tiene la facultad para tomar decisiones sobre su explotación.