En la 1ª. parte informé del Panel Foro «Minería a Cielo Abierto en Guatemala, Beneficios y Repercusiones», organizado por alumnos militares del «II curso Institucional y I Internacional Avanzado de Análisis». Por cierto, no sabemos análisis de qué. ¿De cómo aprovecharse mejor de los recursos naturales no renovables o de cómo utilizarlos para la industria de guerra? Panel foro que se efectuó el 29 de noviembre pasado, en el que con la cuchara grande, asesores y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y de la empresa transnacional Montana, montaron durante dos horas un espectáculo laudatorio para hacer conciencia de las bondades de la minería de cielo abierto y de los providenciales servicios de Montana en bien de la economía de nuestro país, aunque para disimular un tanto, fueron invitados dos diputados del Congreso de la República y se nos había invitado a dos ciudadanos que hemos sido celosos guardianes de las riquezas patrias y de la soberanía nacional, el economista Rafael Piedrasanta y a mí, abogad
o. Pero no se nos permitió abordar la tribuna, razón por la cual estoy escribiendo estos artículos, dedicados a los mencionados alumnos castrenses de «avanzado análisis», y los guatemaltecos, en general, para que conozcan la verdad sobre las consecuencias de la explotación minera a cielo abierto y de la índole de las empresas transnacionales usufructuarias de dicha industria extractiva.
En esta ocasión, informaré respecto a las exposiciones de los diputados Fredy de León Solano, independiente, y Mario René Chávez García, del bloque de diputados de Alianza Nueva Nación (ANN).
El representante de León Solano comenzó su intervención refiriéndose a la vigente Ley de Minería, Decreto 48-97, cuya iniciativa no fue obra de ningún diputado del Congreso de la república, ni tampoco de algún sector o funcionario de Ministerio de Energía y Minas, sino de empresas transnacionales, habiéndola aceptado el MINEM, tal cual, y así la envió al Organismo Legislativo, y fue el diputado Arturo de la Cruz, del PAN, quien la presentó al pleno del Congreso. Y a continuación abordó los siguientes temas:
Primero. El del incumplimiento de lo ordenado en el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, el cual preceptúa en su literal a) que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, como es el caso de las licencias de exploración y explotación de minerales metálicos. Obligación que ninguno de los gobiernos de Guatemala, a partir de la vigencia del Convenio 169, ha cumplido. Incumplimiento que trae como consecuencia, que las licencias respectivas son nulas ipso jure y generado un grave problema de conflictividad social.
Segundo. El de la inequitativa cuantía de la tasa de la regalía para el Estado y las municipalidades, de apenas 1%.
Tercero. Al del abusivo subterfugio utilizado por las empresas de la minería, para no pagar impuestos, con la complicidad de las autoridades fiscales digo yo, acogiéndose a las disposiciones del Decreto 29-89, Ley de Maquilas.
Cuarto. Al inconcebible precepto de la Ley de Minería que le asigna a la empresa minera, en las licencias de explotación, la confección del estudio del impacto ambiental que podría causar la extracción del respectivo mineral metálico, que es el Artículo 20 de la Ley.
Quinto. El descomunal consumo del recurso hídrico por parte de la minería a cielo abierto, que es, por lo menos de 250 mil litros de agua por hora. Consumo por el cual no pagan un solo centavo, en tanto que los habitantes comarcanos tienen que comprarla a precio de oro, dada su angustiosa pobreza, si es que el manantial no se ha agotado.
Sexto. A la práctica ilícita de apropiación de tierras, por parte de las compañía mineras. Puso de ejemplo, el caso de una compañía que explota níquel, la cual se apropió de 80 caballerías de tierras municipales y estatales.
Por último, hizo saber que la llamada Comisión de Alto Nivel para reformar la vigente legislación minera fracasó, pues apenas, en el nivel de la regalía sólo ascendió del 1% al 3%. De modo que su conclusión final fue la de que sigue pendiente la modificación de la Ley de Minería, que deberá hacerse en función social.
El otro diputado participante, Lic. Chávez García, abundó en comentarios relacionados con las políticas que países de la América del Sur, como Venezuela, Chile, Bolivia, aplican para la explotación de sus recursos mineros, varios de ellos a base de la nacionalización de tales recursos, cuidando siempre de mejorar los beneficios nacionales. Políticas que podríamos tomar de ejemplo, y cambiar la situación desventajosa actual de las condiciones políticas, económicas y legislativas en que el Estado de Guatemala está propiciando, como prioritaria, la actividad minera, particularmente la de cielo abierto.
Quizás, con el objeto de tocarles el amor propio a los alumnos militares de «avanzado análisis» terminó su intervención invocando la memoria de dos egregios miembros del Ejército de Guatemala, los físicamente extintos, coroneles Jacobo Arbenz Guzmán y Carlos Paz Tejada, pero siempre aliento vivo de vocación de servicio de las armas, para el bien común de sus conciudadanos, hijas e hijos todos de una Coactemalán libre y soberana.
(Continuará)