El incremento de las muertes violentas de mujeres, niños y adolescentes, así como los linchamientos, como consecuencia de la violencia e inseguridad ciudadana, son la principal preocupación expuesta en el informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala.
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Según el informe sobre las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala durante 2008, las amenazas y ataques a operadores de justicia, que provocaron la muerte de siete funcionarios, sigue siendo motivo de inquietud.
El documento también señaló la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales con la participación directa o indirecta de agentes estatales, las muertes de privados de libertad en centros penitenciarios y las prácticas de «limpieza social».
A criterio de la oficina de Naciones Unidas «ni la alta impunidad, ni la consecuente frustración de la población, justifican el apoyo o la permisividad de estas conductas que son contrarias a los principios de los derechos humanos.
FORTALECIMIENTO
La Alta Comisionada formuló quince recomendaciones dirigidas a los tres organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las cuales buscan el fortalecimiento de los mecanismos para proteger, promover y hacer efectivos los derechos humanos.
En cuanto al marco normativo se recomienda al Estado que ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.
También se señala la necesidad de la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como que se acepte la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
En cuanto al cumplimiento del derecho a la vida y seguridad, se instó al Estado para que se mejore la investigación criminal policial, la utilización de la inteligencia operativa y del análisis criminal.
Asimismo, se exhorta a la Dirección General del Sistema Penitenciario y al Ministerio Público para que investiguen de forma inmediata «exhaustiva e imparcial», las muertes de personas privadas de libertad.
El informe también contempla recomendaciones encaminadas al respeto del Estado de derecho, a la implementación de medidas especiales para combatir la discriminación en todos los ámbitos, al fortalecimiento de las medidas para que se conozca y aplique la Ley Contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, entre otras.