Sin lugar a dudas, la CICIG ha venido a llenar un espacio que el crimen organizado, la corrupción y los delincuentes tení­an copado, la Sociedad Civil ha encontrado en la Comisión y sobre todo en Carlos Castresana a la entidad y a la persona que pueden oponerse a estas nefastas figuras, ante cuyos actos y prácticas nos dimos por vencidos, y provocaron tal nivel de desesperación y reconocimiento de incapacidad, que optamos por llamar a la Comunidad Internacional para que viniera a enfrentarlos.

Ahora bien, en el largo plazo, debemos de comprender que la Comisión no permanecerá para siempre en Guatemala y que es necesario fortalecer las instituciones públicas que se encargarán de enfrentar a la impunidad y a aquellos que la pretendan nuevamente institucionalizar. En mi opinión, las instituciones públicas y los funcionarios que las conforman, tienen la ardua tarea de recuperar la confianza que el paí­s ha perdido en ellos; y nosotros, los ciudadanos, tenemos la obligación de contribuir a que dichas instituciones se fortalezcan, denunciando, participando y confiando en que es posible que los guatemaltecos investiguemos, juzguemos y encarcelemos a nuestros delincuentes.

No es factible que nuestro paí­s se encuentre secuestrado, incapacitado y temeroso de retomar la investigación de los hechos delictivos y la aplicación de la justicia; y no es posible tampoco que se pretenda endosar nuestra soberaní­a a la Comunidad Internacional indefinidamente para que nos ayude a realizar aquello para lo cual no estamos preparados.

Hoy se dan hechos que apuntan a pensar que no todo está perdido, pocas veces en la historia del paí­s la Sociedad Civil a participado y fiscalizado de la manera que lo ha venido haciendo, la escogencia de aquellas personas que por razón del cargo que aspiran a ostentar, tendrán relación directa en la lucha contra la impunidad; la tarea se antoja ardua y cuesta arriba, nos enfrentamos en los diferentes procesos que se encuentran abiertos y en los que están a la ví­spera: elección del Fiscal General, del Contralor General de Cuentas de la Nación, del Jefe del Instituto de la Defensa Pública Penal, a dificultades hasta para conformar las distintas comisiones de postulación, por un lado por ganar espacios a las estructuras que los han manejado durante años y por el otro, a que las mismas comisiones deben de escoger entre los pocos que se arriesgan a presentar sus hojas de vida, temerosos de que sean destrozadas o descalificadas.

El origen de todos los males, al final, es conocido por todos, hemos cedido espacios al crimen organizado y este ni lento ni perezoso se apresuró a tomarlo. Queda, pues, en todos nosotros el recuperar para nuestros hijos ese espacio y este paí­s que nuestras generaciones han perdido.