La decisión de un juez estadounidense de aprobar la extradición del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega a Francia supuso alivio para una clase política temerosa del revuelo que podría armar su presencia en Panamá, pero frustra a quienes quieren verlo pagar sus desmanes tras los barrotes en su propio país.
El gobierno panameño ya ha anunciado que pedirá la extradición a Francia si los abogados del ex general, de 73 años, no impiden que la justicia francesa le haga cumplir los diez años a los que le condenó en ausencia por lavado de dinero.
El ex dictador cumple, el 9 de septiembre, los 17 años de cárcel a los que fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
Sin embargo, muchos piensan que la decisión de la justicia estadounidense responde a un acuerdo entre Panamá, Estados Unidos y Francia para alejar al militar y ex agente de la Agencia Americana de Información (CIA) de la vida política panameña, donde varios de sus aliados de antaño siguen en el poder.
El vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores panameño, Samuel Lewis, rechazó de plano esas sospechas. «Se trata de un caso jurídico y no de un caso político», dijo al conocer la decisión de la justicia estadounidense.
Las condenas de Noriega en Panamá suman 54 años por asesinato, violación de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito, que quedarían reducidos a 20 años, según el código penal panameño. Dada su avanzada edad podría cumplirlos en su casa.
En cambio, son inciertas las consecuencias políticas que tendría su regreso, pues como antiguo hombre fuerte del país entre 1983 y 1989 y responsable de los servicios secretos del ejército entre 1971 y 1984, atesora mucha información de políticos, empresarios y funcionarios.
Noriega fue derrocado del poder por la intervención militar estadounidense el 20 de diciembre de 1989 y el 3 de enero de 1990 se entregó a las tropas de Estados Unidos, tras permanecer refugiado durante una semana en la Nunciatura Apostólica en la capital.
El expresidente Guillermo Endara, que gobernó Panamá tras la caída de Noriega entre 1990 y 1994, dijo que el actual presidente panameño, Martín Torrijos, «recibió toda clase de favores de Noriega, por lo que al gobierno no le conviene su regreso porque no se sentirían tranquilos».
Para el politólogo Raúl Leis, el alejamiento de Noriega de Panamá le «ha sacado las castañas del fuego evadiendo un conflicto» al gobierno de Martín Torrijos.
«La papa caliente se la lleva Francia», asegura Leis, país que por cierto le concedió la Orden de la Legión de Honor el 22 de enero de 1987.
Cuando Noriega cumpla su pena en ese país – si los abogados no logran evitar su extradición – habrán pasado 10 años, tiempo suficiente para enfriar los ánimos y difuminar los recuerdos.
El ex vicepresidente panameño y antiguo líder de la Democracia Cristiana internacional, Ricardo Arias Calderón, un emblema en la lucha contra el régimen militar que gobernó Panamá entre 1983 y 1989 y férreo opositor a Noriega, es favorable a que sea extraditado a Francia para evitar divisiones y su enorme influencia en la política panameña.
Noriega «podría ser una fuente de desprestigio de las estructuras políticas y cívicas del Panamá democrático y favorecer así lo que podría llamarse un populismo demagógico tipo (Hugo) Chávez, quien ya tiene muchos seguidores en Panamá, y podrían convertirse en sus aliados», aseguró recientemente Arias Calderón en un artículo firmado en el diario La Prensa.
Pero a buena parte de la población le hubiera gustado «verlo tras los barrotes y que pagara por todos sus delitos», dijo Chito Enrique Montenegro, presidente del Frente Anticorrupción.