La iniciativa denominada al principio «Ley de Participación Público Privada en Materia de Infraestructura» y que en medio del camino legislativo ahora se le conoce como «Alianzas para el Desarrollo», es un concepto fácil de comprender.

Para Mariano Rayo, presidente de la Comisión de Economí­a y Comercio Exterior del Congreso de la República, y otros diputados y analistas, significa atraer capitales extranjeros para que desarrollen proyectos de infraestructura con el objeto de potenciar la economí­a guatemalteca.

Eso debido a que los Estados subdesarrollados con economí­as dependientes, como el caso Guatemala, que cada vez tienen menos recursos económicos para financiar obras modernas, vitales para potenciar el motor social y económico.

Los entrevistados coinciden que uno de los elementos fundamentales son reglas claras y permanentes para todos los participantes, en este caso para el Estado y sus tres poderes; los gobiernos municipales, el sector empresarial y participación de beneficios para los grupos sociales que caracterizan al paí­s.

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El diputado Rayo analiza que con una ley de esa categorí­a se edificarí­a la infraestructura económica hacia el futuro, el Estado se concentrarí­a solo en sus tareas fundamentales para hacer efectivo el retorno de los tributos y garantizar la educación, la salud, la seguridad para toda la población.

Carlos González, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que la iniciativa propuesta es elemento positivo para el paí­s, vendrí­a a propiciar inversiones de confianza mutua, «Sobre bases creí­bles, sobre bases más permanentes, eso creo que ha faltado», puntualiza.

Ejemplos vivos se ven en el manejo de los servicios públicos por parte de la empresa privada ya, en carreteras, puertos, aeropuertos, telefoní­a, agua potable, electricidad. Ahora falta generar un ambiente propicio de negocios, elemento fundamental para la competitividad, agrega el analista González

Eduardo Genis Quej Chen, diputado del distrito electoral de Alta Verapaz e integrante de la Comisión de Economí­a y Comercio Exterior, está consciente que el tema es ambicioso y necesario para fortalecer las economí­as grandes y pequeñas del paí­s.

Como ejemplo refiere a la región altaverapacense que necesita con urgencia carreteras para movilizar los productos, base de su economí­a, tales como café, cardamomo y los productos y granos básicos.

También su potencial hidroeléctrico necesita inversión para ser explotado en un departamento que cuenta con los recursos hí­dricos para ese fin, pero que no sea alejado de la realidad comunitaria como la hidroeléctrica de Chixoy donde la comunidad fue despojada y desplazada de los beneficios. «Se necesita dignificar dándole valor a las consultas populares de los pueblos», destaca.

El parlamentario Quej Chen comenta que la discusión del articulado se detuvo en 2009 porque no se ha logrado consenso en las reglas claras de participación comunitaria, «cuál es la participación exacta del sector privado y cuál la del Estado», preguntan.

«Si la inversión y todo va en la lí­nea que a todos les va a tocar y que todos van a tener beneficios de los recursos, creo que no habrí­a oposición, es más, tendrí­amos el apoyo total de la gente […] la que menos beneficiada sale», puntualiza Quej Chen.

Manfredo Marroquí­n, de Acción Ciudadana, considera que en un marco legal para esa clase de alianzas son positivas, siempre y cuando «que garantice y haya un equilibrio de los beneficios para ambos sectores, tanto para el sector público como para el inversionista», remarca.