“Ellos serán responsables de la ingobernabilidad que ellos mismos puedan causar”, con estas palabras, Sandra Torres culpó a quienes se oponen a su inscripción como candidata presidencial y señaló que llegará “a las últimas consecuencias” para obtener esa participación. Según expertos dicha ingobernabilidad solo está en manos de la coalición oficialista.

Ayer, cientos de simpatizantes de Torres viajaron de diferentes puntos del paí­s para solicitar la inscripción de la exprimera dama y, a pesar de que se aseguró no se presiona a nadie con estas movilizaciones pací­ficas, no hicieron falta los carteles con la frase: “si no quieren otro jueves negro por favor inscriban a la señora Sandra Torres, no le tengan miedo a ella, sino al pueblo de Guatemala”.

Según detallan los matutinos, el discursos de Torres se manejaba en tono amenazante, tal como lo describe elPeriódico en su edición de hoy; “Con el tono de quien profiere una amenaza, Torres concluyó: “El pueblo no va a permitir que nos jodan las elecciones. Ellos (la oposición) serán responsables de la ingobernabilidad que ellos mismos puedan causar”.

Además, Prensa Libre, destaca que la todaví­a precandidata oficialista aseguró que no se presiona a nadie, pero amenazó con  “llegar hasta las últimas consecuencias”.

“No me quieren inscribir, porque he ayudado a los pobres. Si yo no gano, se acabará la ayuda solidaria, pero yo les digo a esas personas que no nos vamos a rajar y que seguiremos hasta las últimas consecuencias, para que yo sea inscrita”, reiteró Torres en su discurso.

INGOBERNABILIDAD
Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, señala que la negativa a la inscripción de la exesposa del presidente ílvaro Colom no deberí­a ser motivo para que se genere ingobernabilidad en el paí­s, “a menos que ellos mismo lo provoquen”, señala.

El analista opina que el derecho de manifestación es respetable, pero surge el problema cuando se utilizan demostraciones de fuerza para ejercer presión en un tema que debe de abordarse de manera legal.

Por su parte, Renzo Rosal, analista polí­tico, agrega que realizar manifestaciones puede ser peligroso, pues, aunque se asegure que serán pací­ficas, estas reuniones y las consignas se prestan para que las motivaciones cambien y se corre el riego de que se genere violencia.

Además, según el consultado, con las amenazas de ingobernabilidad y violencia se continúa manchando el proceso electoral, “y esto es culpa de los partidos que promueven las manifestaciones”, asegura.

Ante el riesgo de que se dé otra situación violenta como la acontecida en 2003, Linares estima que es deber del Gobierno garantizar que las autoridades actuarán de inmediato, pues los sucesos pasados se dieron a causa de la “tolerancia y complicidad” del Gobierno de turno y hace un llamado a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Constitucionalidad, para que emitan un voto conforme a Derecho.

RECURSOS DEL ESTADO
Los medios también destacan la utilización de una patrulla de la Policí­a Nacional Civil para repartir comida a los simpatizantes, así­ como la utilización del parqueo del Congreso de la República para guardar insumos que utilizarí­an.

Sobre este tema, Maritza Muralles, de la Coalición Civismo Electoral, opina que genera desagrado el hecho de que se utilicen medios de Gobierno para estas concentraciones, las cuales, espera no suban su intensidad y hace un llamado para que se respeten las decisiones de los órganos competentes.

Respecto a la utilización de la patrulla, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Ronaldo Robles, señala que esta estaba a disposición del diputado por San Marcos, Rodolfo Castañeda, y aseguró que están “molestos” por esa situación.

“El Presidente ha llamado a las autoridades de los partidos para que se investigue el uso de esta patrulla”, aseguró el funcionario.

Por su parte Nery Morales, portavoz del Ministerio de Gobernación, señaló que el titular de esa cartera, Carlos Menocal, vio la fotografí­a de dicha patrulla y ordenó a la inspectorí­a de la institución un informe para establecer quien autorizó el uso de esta o más autopatrullas, “porque realmente no sabemos si fue solo una, para deducir la responsabilidad administrativa que corresponda”.
“Menocal reiteró al director de la Policí­a, a los altos mandos y a los directores generales de las otras dependencias, la prohibición de usar los vehí­culos o cualquier recurso del Estado para ese tipo de actividades”, dijo Morales.