Estas afirmaciones se realizan sin usar datos comparativos. Guatemala sufre una tasa nacional de 48 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, aunque en departamentos como Petén e Izabal esa tasa es superior a 91. Comparativamente, Venezuela tiene 52, Colombia 37, Brasil 25, Honduras y El Salvador están arriba de 50. El estado de Chihuahua, el más violento de México, posee una tasa de 143 homicidios. A inicios de los noventa, Medellí­n mantuvo una tasa de 320 durante varios años y Cali tení­a 124 y Cúcuta 105.

El volumen, extensión, raí­ces históricas, códigos culturales y complejidad de la violencia colombiana ha sido -y todaví­a es- muy superior a la que vive Guatemala. No deseo minimizar la situación del paí­s, por el contrario, esta serie de artí­culos es para llamar la atención, pero en Colombia los niveles de penetración que alcanzó el narcotráfico en la polí­tica, el Ejército, la policí­a, los negocios y la sociedad fueron mayores a los que ahora encontramos acá. Al crimen organizado hay que enfrentarlo hoy, no mañana, caso contrario las realidades criminales que infectan a la sociedad se habrán extendido y estaremos recriminando no haber hecho las cosas a tiempo.

Tampoco podemos estar hablando de la existencia de un Estado fallido. Si la idea de territorios fuera de control del Estado se emplearí­a mecánicamente para definir Estados fallidos, habrí­a más de una decena de éstos en el continente americano y tendrí­a, incluso, que revisarse la condición de algunas zonas de ciudades estadounidenses que albergan a un millón de pandilleros.

El debate y la complejidad en los procesos de toma de decisiones en las democracias avanzadas son señales de estabilidad, pero en las democracias emergentes son percibidos como debilidad e incertidumbre. El debate sobre las estrategias que se diseñan para enfrentar los problemas de seguridad son normales en un entorno democrático y ese debate es más intenso y libre cuanto menor es la amenaza a los poderes institucionales.

El crimen organizado es un fenómeno que coopta o destruye las instituciones, que elimina las libertades democráticas y que somete a los ciudadanos a los poderes criminales. Donde el crimen organizado es fuerte no hay crí­tica ni libertad de expresión. Por tanto, cuando hay debate, cuando los ciudadanos y los lí­deres de opinión pueden criticar al gobierno, significa que aún se mantienen ciertas libertades.

Pero lo que me da terror es el silencio sobre la presencia y actuación del crimen organizado en Guatemala, porque es un error pensar que la existencia de un amplio y álgido debate sobre la seguridad y los métodos para enfrentar la violencia son, por sí­ mismos, una señal de gravedad y de deterioro, cuando en realidad lo grave es ocultar la realidad, cerrar los ojos, y peor aún, ser complaciente y tolerante con el crimen organizado.

El crimen organizado es un enemigo bien armado, muy violento, sin barreras morales y con un gran poder corruptor. Creer que este problema se puede resolver sin confrontación y sin violencia es una gran ingenuidad. A este enemigo sólo es posible someterlo usando la fuerza del Estado y, cuando ello ocurre, se incrementa su resistencia y se agudizan sus propias guerras internas; con lo cual aumenta, inevitablemente, el número de personas que pierden la vida.

La lucha contra el crimen organizado no puede leerse como una guerra «clásica» en la cual hay contendientes claramente definidos; las narcogavillas o las maras son un enemigo fragmentado, que genera una violencia anárquica; son múltiples grupos que combaten al mismo tiempo entre sí­ y contra el Estado. La mayor parte de las bajas de los delincuentes resultan de su proceso de autodestrucción, que se profundiza cuando el Estado los confronta. En este tipo de guerra esto es un progreso, por razones que van desde disputas por territorios, control de rutas, hasta problemas personales. El proceso de autodestrucción atomiza al crimen organizado y obliga a que su reclutamiento comience a descender hacia grupos de jóvenes marginales más inexpertos y ambiciosos, y con ello aumenta su violencia y se acelera su autodestrucción.

El problema es que, en las fases iniciales de la guerra contra el crimen organizado, la presión polí­tica demanda pocas ví­ctimas o ausencia de violencia, pero esto no ocurre hasta que se cumplen tres premisas: 1. Que el Estado tenga mayor dominio social y territorial, que el crimen organizado en sus zonas de operación; 2. Que los delincuentes se hayan debilitado en su capacidad de reciclar sicarios y gatilleros; 3. Que esta debilidad los convierta en un problema marginal para el Estado. En nuestro caso todaví­a falta tiempo para que se reduzca la violencia. Pero hay un proceso de autodestrucción que se está iniciando y esto es un indicador positivo. Hace poco leí­ el comentario de un experto sobre el tema quien indicaba, «cuando se sabe que el crimen organizado ha penetrado en la sociedad, el principal problema no es la violencia, sino la no violencia» porque ello implica que los criminales controlan a la sociedad.

Continuará.