Algunos mitos flotan alrededor de una nueva guerra que se avizora en el país, y que por los últimos acontecimientos pareciera que no estamos en capacidad de afrontar o no queremos afrontar. Ante lo ocurrido en Guatemala y Zacapa en los últimos 15 días, como si fueran únicos y esporádicos, observamos un fiambre de situaciones y opiniones complejas: desde aquellos que dictan que no se debiera confrontar al crimen organizado, hasta aquellos que indican que la participación del Ejército en las actividades anticrimen organizado es negativa, pasando por opiniones que parecieran apologías al crimen organizado.
Diputado Unionista
Desde la década de 1980 Guatemala no había conocido una violencia con tanto impacto político como la que vive actualmente. A finales de la década de los ochenta Estados Unidos tuvo éxito en reducir el volumen de droga que se movía por la ruta Caribe desde Colombia a Miami. En los noventa México pasó a ser el territorio más importante para el tránsito de drogas hacia la Unión Americana y se produjo una expansión del narcotráfico, situación que aún persiste.
Ante los éxitos de Colombia en su lucha contra el narcotráfico, con el desmantelamiento de los grandes cárteles de la droga, pero aún sin capacidad de eliminar los nuevos minicárteles, y la guerra en que se encuentra México, Centroamérica, pero en particular Guatemala, no sólo se ha convertido en el principal territorio de trasiego de drogas, sino en el nuevo campo donde se asientan los narcobarones mexicanos y colombianos, en contubernio o en lucha con las narcogavillas chapinas.
Entender, debatir y estar dispuestos a asumir los costos que implica reducir el poder del crimen organizado y frenar su violencia, todo ello bajo condiciones democráticas, es algo nuevo para una sociedad acostumbrada a la poca deliberación. Esta condición ha creado dificultades para entender la información y los resultados de la nueva guerra que está empezando a librar el Estado guatemalteco contra las bandas criminales de extorsionistas, traficantes de personas, maras, contrabandistas, lavadores de dinero y narcotraficantes. Y todo ello en un contexto de libertinaje, irrespeto al orden legal-constitucional, indisciplina social, indecisión política, de ausencia de autoridad legítima en regiones enteras, de un clepto-Estado, y de una adoración al dinero fácil. Las instituciones democráticas han sido asaltadas y asediadas por todos y cualquiera desde hace una década. Y hoy vemos como si distancia más el discurso de los hechos en materia de seguridad.
Lo acontecido en los últimos nueve años ha dado lugar al surgimiento de mitos sobre la nueva guerra y la violencia. Algunos de estos mitos resultan del indispensable y justo debate político democrático. Sin embargo, aunque se trata de un problema complejo que requerirá tiempo para ponerlo bajo control, no hay razones para ser tan pesimistas. Eso sí, negar la nueva realidad, ser permisible a la indisciplina, convivir con la indecisión, tolerar el libertinaje y premiar el acceso al dinero fácil, profundizará el deterioro institucional que vivimos.
Cuando la violencia del crimen organizado comenzó a crecer por el desmantelamiento de las estructuras de seguridad del Estado, el abandono territorial de las instituciones públicas, la abortada refundación policial y la infiltración criminal de la justicia, pocos o ningunos alertaron de las consecuencias del nuevo fenómeno. Es más, se prefirió ignorar la nueva situación, porque se generaron nuevos y lucrativos espacios de negocios y lucro fácil.
Más recientemente leemos y escuchamos críticas sobre falta de inteligencia previa para los operativos anticrimen organizado, se califica de reactivas las operaciones e incluso se dice que el gobierno actuaba por interés político y que las operaciones gubernamentales han empeorado el problema. Lo que me provoca jocosidad sarcástica, es que estas críticas provienen de las mismas personas que forzaron el desmantelamiento de las estructuras de seguridad del Estado y aplaudieron las decisiones gubernamentales del último quinquenio.
Algunos consideran que lo mejor es ignorar la violencia y facilitar la negociación de «acuerdos locales». Sin embargo, estos «acuerdos» no son entre iguales, sino entre criminales y funcionarios intimidados por la nueva ley de «pisto o plomo». La idea de no combatir de frente el crimen supone, ingenuamente, que éste no es contagioso ni expansivo, y que no me alcanzará. La realidad es otra, y hoy se acepta a «mi vecino el narco».
Igual de ingenuo es pensar que es posible aislarse, abstraerse del problema y suponer que no pasará nada. El crimen organizado es un delito global que está extendiéndose. No hacer nada nos está llevando a una situación similar a la que enfrentó Colombia a finales de los ochenta. Son muchos los colombianos que aceptan, abiertamente, que la situación en su país «tocó fondo» porque esperaron demasiado tiempo para actuar.
El nivel de violencia en Guatemala deja bien claro que el monstruo es real, fuerte y peligroso. Ante un escenario así hay dos principios fundamentales para actuar: determinación y velocidad. Determinación para no retroceder frente a la reacción violenta del crimen organizado y frente al temor que se abre en la sociedad; y velocidad para contener y recuperar terreno.
El primer paso es quitarles ventajas, tranquilidad y oportunidades a los «negocios no tradicionales de alta rentabilidad», es imprescindible e impostergable aumentar la presencia física de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo un regenerado Ejército, en el terreno. En una primera fase lo masivo debe privar sobre lo cualitativo. Sin una recuperación del terreno, de los espacios geográficos del país, no puede pensarse ni en la regeneración de instituciones ni en planes integrales. Es necesario actuar para hacer transitar al crimen organizado de amenaza a la seguridad nacional a un problema policial.
Continuará.