Tenemos un Estado débil. No hay dudas. Y además es una mina de oro para cualquiera que logre un cargo público. Electo o designado, su vida da un vuelco hacia las mieles del dinero fácil. Quizá no sean todos, pero con el simple hecho de que alguien sepa que su colega se aprovecha del dinero público lo introduce al cí­rculo de la corrupción, por cómplice.

Durante muchos años hemos visto cómo se diluye el presupuesto nacional en antojadizas inversiones para beneficiar a los allegados a la administración del momento. Licitaciones infladas, asignaciones presupuestarias exorbitantes, otorgamientos de proyectos a empresas fantasmas, sueldos inimaginables, contrataciones innecesarias, proyectos de fachada, todo para hacer bailar el dinero a bolsillos personales.

En ese contexto de corrupción «en tiempos de democracia», se aprueba una ley para motivar a la población a exigir información sobre el desempeño de la gestión estatal. A regañadientes y con retrasos se instalaron oficinas en cada dependencia y acompañado con una débil campaña publicitaria se llamó a la ciudadaní­a para hacer uso de los mecanismos instituidos en la ley para requerir cualquier tipo de datos, todo en aras de la transparencia.

Tres meses han pasado y esas oficinas se mantienen vací­as. No por la falta de interés para hacer uso de la ley, -que también existe-, mas bien por la escasa colaboración de los responsables en otorgar la información requerida.

En múltiples ocasiones se han presentado solicitudes a las oficinas encargadas, y pasado el tiempo estipulado en la ley, se limitan a presentar excusas de «reserva de información» haciendo una interpretación antojadiza de la normativa, o en todo caso, enví­an una carta amparándose en que pueden ampliar el tiempo para recolectar los datos. Y al final, el solicitante se queda con un desagradable sabor a decepción.

Quienes evocan a la transparencia y al respeto de las instituciones, deberí­an primero hacer un autoanálisis de cuánto contribuyen a esa transparencia, pues son los primeros que niegan el acceso a la mirada ciudadana en su gestión.

También se rasgan las vestiduras exaltando la libertad de expresión, a sabiendas de lo ultrajado que está ese concepto en el paí­s. Porque aquí­ cada quien dice y oculta lo que le conviene, es a lo que los polí­ticos nos tienen acostumbrados. Ellos, que salen con las billeteras llenas cada cuatro años y los otros que esperan con ansias el relevo.

Hagamos la prueba. Ingresemos una solicitud de información para algún contrato gubernamental que tenga muchos ceros. Esperemos diez dí­as y la sorpresa será que no hay sorpresa en la forma en que se hacen los negocios en este paí­s.