Si nuestra historia institucional se pudiera representar gráficamente mediante una línea que abarcara los 80 años más recientes y principiara a partir del primer período de gobierno del dictador Jorge Ubico (febrero de 1931) y continuara con sus reelecciones siguientes -la última de las cuales concluyó con su renuncia (1 de julio de 1944)-, lo que mostraría sería una tendencia hacia abajo cada vez más pronunciada y que vuelve a repetirse diez años después, dando comienzo al prolongado período que se prolonga hasta hoy.
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La excepción lo constituye la década democrática, revolucionaria y progresista durante la que destaca el significativo ascenso, avance y consistencia que en lo institucional se inaugura con la gestión de la Junta cívico militar (20 de Octubre de 1944 – 1 de marzo de 1945), continúa durante el gobierno democrático del doctor Juan José Arévalo (1 de marzo de 1945 – 1 de marzo de 1951) y se profundiza y avanza en el curso del gobierno revolucionario, popular y progresista del coronel Jacobo Arbenz Guzmán (1 de marzo de 1951 – 27 de junio de 1954) interrumpido violentamente -como todo el mundo lo sabe o debería saber- a raíz de la intervención norteamericana a nuestro país.
De 1954 a la fecha, la institucionalidad en Guatemala se caracteriza por sucesivos períodos gubernamentales fáciles de identificar, por lo que negativamente han significado para el país y nuestro pueblo y lo que tienen en común e identifica. En lo formal, es posible encontrar alguna diferencia. En el fondo, no la hay. Los seis sucesivos períodos (1954 – 1958, 1958 – 1963, 1963 – 1966, 1966 – 1982, 1982 – 1985 y 1985 a la fecha), como se dice, están cortados con la misma tijera y según un mismo molde.
Esto significa un retroceso y deterioro institucional, su debilitamiento, agotamiento y caducidad que se acentúa, agrava y profundiza con cada período que sucede al anterior. La tendencia que aquella línea imaginaria reflejaría sería de un continuado y pronunciado descenso que, para entenderlo y explicar, hay que tener en cuenta el origen, naturaleza y carácter de las tres Constituciones emitidas, el momento en que fueron decretadas, sancionadas y promulgadas, y la derogatoria de dos de ellas a raíz de los golpes militares de 1963 y 1982.
En efecto, en el transcurso de estos 57 años, es en tres sucesivas normativas constitucionales que se ha institucionalizado un sistema social excluyente y discriminatorio, el modelo económico neoliberal y globalizador y el régimen gobernante y de partidos vigente. En lo económico y social, tanto como en lo político y gubernamental, el país ha retrocedido y todo ha ido cada vez más para peor.
Sus antecedentes, explicación y razón de ser, no son difíciles de ubicar. Qué otra explicación puede tener que esas tres Constituciones hayan sido decretadas, sancionadas y promulgadas por constituyentes designados o “electos†en situaciones de hecho, bajo gobernantes de facto al servicio y conveniencia de los poderes económicos y sus élites privilegiadas dominantes cuyos intereses de clase corresponden a los del cada vez reducido número de potentadas familias que son las que detentan y ejercen el poder real, están por encima de las instituciones y en su conservadorismo a ultranza deciden lo que no hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer.
Tal es el escenario en que tendrán lugar las votaciones generales del 11 de septiembre y en las que lo que en realidad está en disputa son los intereses en pugna de los potentados locales de siempre, los poderes paralelos ya configurados y los emergentes, el crimen organizado y el narcotráfico. Los resultados, sean los que sean, en nada cambiarán el estado actual de cosas. Al contrario, tenderán a agravar y profundizar nuestra ya tan precaria y debilitada institucionalidad, el modelo económico también ya agotado y en crisis y el sistema político y de partidos que ya no da para más.
En tales condiciones, lo que crítica y autocríticamente cabe preguntarse es por qué, desde la izquierda, se ha perdido tanto tiempo y dificultado más de la cuenta sentar las bases organizativas y políticas a fin de unitariamente construir la alternativa real de poder capaz de convocar, movilizar y organizar la lucha de todo el pueblo a favor de la refundación del país, la nación, la República y el Estado.
A mí me parece, entonces, que ha llegado el momento de definir cómo ejercer el voto ciudadano y popular y, a partir de ahí, trabajar y luchar para alcanzar el objetivo estratégico que, para la etapa actual, pasa a ser la cuestión principal. http://ricardorosalesroman.blogspot.com/