Hoy, 8 de septiembre, se conmemora el día internacional de la alfabetización. Es ocasión para recordar que uno de los mayores logros educativos pregonados por el gobierno del período 1996-2000 fue la «reducción significativa» del índice del analfabetismo que, del 53 por ciento reportado en 1985 cuando iniciaron las actividades de Conalfa, presuntamente se redujo al 32 por ciento. Hubo manipulación de datos, apego a los resultados irreales del anterior censo poblacional y se omitió el número de egresados del Programa de Adultos, entre varias distorsiones, lo que condujo a presentar los falsos logros en alfabetización. Esa gran mentira social adquirió ribetes internacionales, ya que la UNESCO galardonó los supuestos resultados. Conalfa era dirigida por la politicóloga Floridalma Meza, quien ahora es Viceministra de Educación.
La erradicación del analfabetismo continuará como un objetivo falaz y demagógico mientras no se asuma como una tarea nacional, que forme parte y acompañe la superación de la pobreza. La alfabetización ya no puede limitarse a la inclusión de técnicas de lectura y escritura. Su definición está vinculada a la exigencia y al restablecimiento de la justicia. Existe una alta correlación entre pobreza y analfabetismo, por lo que éste constituye una expresión social de aquélla. Esta afirmación se desprende del hecho que el acceso al sistema escolarizado está sustancialmente restringido para los grupos poblacionales pobres. De ahí que otra reformulación necesaria es la aceptación que la principal instancia alfabetizadora es la propia escuela.
El significado de la alfabetización sólo puede definirse en un contexto específico y evolucionará conforme cambien las necesidades de cada sociedad y de las personas. En los países industrializados, la definición del «analfabetismo» ha resultado algo relativo. Ahora es un término aplicado desde la incapacidad total de utilizar la escritura hasta el dominio insuficiente de un conjunto de aptitudes complejas. El problema se consideraba resuelto en esos países, gracias a la enseñanza gratuita y obligatoria, pero, la revolución tecnológica en el ámbito de las telecomunicaciones y de la informática ha impedido su desaparición.
A pesar de contar con instrumentos legales y la formulación de políticas y estrategias nacionales de alfabetización, la sociedad guatemalteca en conjunto no ha tomado el problema en forma más profunda, sistemática y compartida. La alfabetización, al igual que la educación en general, es un acto político. Esto implica la imposibilidad de ser y mantenerse neutro ante ambos procesos. O se revela la realidad social para transformarla, o se disimula para conservarla. Ambas actitudes son actos políticos.
Más allá de las querellas de definiciones está la disposición a actuar. Y, para actuar, es necesaria una voluntad y una determinación políticas. No se trata de un simple tinte político sino de la determinación de trabajar en un proyecto económico, social y cultural, integrado y aplicado.