Un intento de linchamiento en este fin de semana, provocó nuevamente una alerta en contra de estas prácticas de justicia por la propia mano.

Ayer, pobladores enardecidos del municipio de Jocotán, Chiquimula, intentaron linchar a una mujer, quien supuestamente se dedicaba a robar niños. Dí­as antes, en una comunidad vecina habí­an ahorcado a una mujer y vapulearon a otra por las mismas razones.

De acuerdo con la policí­a del lugar, la mujer que se salvó ayer del linchamiento fue identificada como Dunia Marlene Guerra, sindicada de un supuesto robo de una niña de ocho años de edad.

El intento de linchamiento se vio truncado por la acción de agentes de la Policí­a Nacional Civil, que sufrieron también el ataque de la gente, que destruyó un automóvil de la policí­a y una motocicleta.

En Camotán, municipio vecino a Jocotán, la población habí­a ahorcado a una mujer, debido a que suponí­an que habí­a secuestrado a una niña, quien apareció muerta, con sus órganos, ojos y cabello sustraí­dos.

Alerta

Debido a estos hechos registrados en estos dí­as, la sociedad guatemalteca vuelve a ver cómo resurge la práctica de los linchamientos, que históricamente han sido sí­ntomas de la frustración de las personas por ver que no se ejerce la justicia en el paí­s.

Según Orlando Blanco, del Colectivo de Organizaciones Sociales (COS), el resurgimiento de los linchamientos no es más que el sí­ntoma del cansancio de la población, ante el incremento de la delincuencia y la impasividad de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, comentó Blanco, que los linchamientos son el producto de la ineficiencia de las autoridades del Ministerio Público para investigar y aportar pruebas para que en los Tribunales de Justicia se puedan realizar un proceso válido.

Acciones

Manuel Baldizón, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, denunció hoy en el Congreso de la República la aparición de un grupo en Chiquimula, dedicado a la extracción de órganos humanos, con la finalidad de venderlos.

Baldizón estarí­a planteando una iniciativa de ley ante el Organismo Legislativo, para que se reformase el Decreto 91-96, para evitar que en el futuro una persona quede impune al robar a un niño para estas prácticas (LEA MíS EN LA PíGINA 6).