El gobierno venezolano de Hugo Chávez avanza hacia «límites intolerables» en su acoso a la prensa, afirmó este miércoles una directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia en el Congreso estadounidense.
«Venezuela está corriendo rápido hacia límites intolerables pero creo que todavía es posible echar para atrás», afirmó Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, ante la Subcomisión para América Latina del Congreso.
«Hemos visto un creciente acoso» contra la prensa, advirtió Botero, agregando que «las cosas pueden ponerse peor».
Durante la audiencia, legisladores estadounidense manifestaron su preocupación por recientes hechos en Venezuela, sobre todo la orden de arresto del viernes pasado contra el propietario de la televisora opositora Globovisión, Guillermo Zuloaga, y su hijo.
«Cuando el presidente venezolano, Hugo Chávez, cierra estaciones de radio y televisión opositoras e intimida a periodistas y dueños de medios que disienten, todos tenemos la responsabilidad de pronunciarnos», dijo el legislador demócrata Eliot Engel, que dirige la Subcomisión.
Caracas «no cesa en sus detenciones de individuos que expresan opiniones opositoras», dijo por su parte el republicano de mayor rango en la Subcomisión, Connie Mack.
«Nos preocupa la cada vez mayor intolerancia de los funcionarios públicos hacia la crítica y la disidencia», subrayó Botero.
En reacción, el embajador de Caracas en Washington, Bernardo Alvarez, calificó la audiencia de «triste teatro» y de «práctica imperial intervencionista» que pretende «hacer un examen a los países soberanos».
Alvarez dijo que era «intolerable» que Botero asistiera al Congreso para someterse a «una suerte de «rendición de cuentas» de las actuaciones» de la CIDH.
En una carta el lunes al gobierno venezolano, la Comisión, ente independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), instó a respetar la libertad de expresión y el debido proceso a Zuloaga y a otro periodista, Francisco Pérez, inhabilitado profesionalmente por cuatro años por «injuria».
Un tribunal de Caracas emitió la orden de captura de Zuloaga y su hijo por el delito de usura por almacenamiento irregular de vehículos pertenecientes a concesionarios propiedad de la familia.
La CIDH había emitido en febrero un crítico informe donde denunció el debilitamiento del Estado de derecho en Venezuela, rechazado vehementemente por el gobierno de Chávez.
En la audiencia en el Congreso estuvo presente Marcel Granier, director del canal venezolano RCTV, al que el gobierno de Chávez revocó la concesión para transmitir en señal abierta en mayo del 2007.
Granier, quien se reunió este miércoles con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, lamentó que esa organización «no haya ayudado para nada a la democracia en el continente».
Granier, cuya televisora salió también del cable en enero pasado por no cumplir con una nueva ley que regula los contenidos y obliga a transmitir ciertos discursos de Chávez, pidió a los legisladores estadounidenses «dar más poder a la OEA o reorganizarla».
Botero manifestó también la preocupación de la CIDH por la docena de periodistas que han sido asesinados durante este año en América Latina, siete de ellos en Honduras.
Asimismo, alertó no sólo de la situación en Venezuela sino en otros países de la región, donde se constata un «creciente desprecio» hacia la libertad de expresión y el «abuso de los poderes del Estado para silenciar las voces disidentes».
Entre esos países nombró a Cuba, Honduras y Colombia.
«Mientras que los días de juntas formales de censura en América Latina han sido pasados a la historia, los gobiernos han encontrado nuevas formas de silenciar las expresiones que encuentran perturbadoras o inconvenientes», agregó.