Ayer se produjo el que posiblemente sea el más duro golpe que las autoridades de Guatemala han propinado a alguna banda que se dedica al robo de vehículos. Luego de meses de investigación y cerca de ochenta allanamientos, se produjeron varias capturas de cabecillas del grupo organizado para robar y comercializar automóviles mediante sofisticados procedimientos que incluyeron la compra en remate de los autos declarados como pérdida total por las aseguradoras, para que desde la Superintendencia de Administración Tributaria, donde trabajaban miembros de banda, se asignaran los Números de Identificación de los Vehículos (VIN) adquiridos en las subastas, a carros de similares características que habían sido robados.

Evidentemente se trata de una investigación seria y profesional realizada por expertos tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional Civil y eso demuestra que con buen manejo de las técnicas policiales modernas, además de voluntad para atacar de forma directa a poderosos grupos del crimen organizado, se pueden lograr resultados efectivos.
 
 Y eso es de lo más alentador, porque las capacidades técnicas hace rato que están disponibles y se pueden lograr resultados con base en pruebas más allá de las testimoniales que hasta ahora han sido la prueba reina en el proceso penal guatemalteco. Escuchas telefónicas, seguimientos ejecutados en forma profesional, fotografías de los criminales en el momento de concretar el delito son apenas unas de las tantas pruebas que se pueden recabar cuando hay efectivo uso de los servicios de inteligencia para realizar operativos de este calibre. Pero lo indispensable en todo esto es la voluntad, el deseo de trabajar en serio para desmantelar grupos criminales y el sigilo para que los delincuentes incrustados en las estructuras mismas del Estado, como ocurría con la SAT, no alerten a los que están siendo investigados.
 
 Ahora queda pendiente que la otra pata del sistema funcione correctamente y que los tribunales reciban la prueba contundente y la valoren en consecuencia para no terminar todo este caso con la consabida resolución absolutoria “por falta de prueba”, misma que muchos jueces emiten culpando al Ministerio Público de deficiencias en la investigación o en la acusación.
 
 Porque la verdad es que si queremos dar pasos contra el sistema de impunidad, que no sólo beneficia a los asesinos y ladrones sino también a políticos y empresarios que se hartan con la corrupción, es fundamental que tras una investigación que permite desmantelar una banda, sus integrantes sean severamente castigados con penas de prisión que corresponden a los miembros del crimen organizado, tal y como lo establece la legislación vigente para la República de Guatemala.

Minutero:
El crimen organizado
 ya está por todos lados;
 ha penetrado al Estado
y lo tiene cooptado.