Al inicio de este año el Gobernante Pérez hizo circular entre los Ministros de Estado, Secretarios de la Presidencia, Gerentes y Directores de empresas públicas, Entidades descentralizadas y autónomas de todo el país, una nota emitida en el Despacho de la Presidencia de la República de fecha 27 de febrero de 2013, Ref. PRG-010-2013/vg, mediante la cual gira instrucciones para “orientar la gestión pública al logro de resultados de desarrollo…”
El facsímil de la citada instrucción presidencial, aparece reproducido e impreso en la “Guía para elaborar el Plan Operativo Anual -POA- 2014 de las Municipalidades del país. En el marco de la gestión por resultados”, elaborada por el Ministerio de Finanzas Minfin y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia Segeplan de la República de Guatemala.
Tardíamente y transcurridos varios meses de haberse girado esa instrucción presidencial, ahora algunos Alcaldes del país están reaccionando a la orden del mandamás, cuestionan el hecho de que durante el proceso de elaboración de la mencionada guía, no fueron tomados en cuenta ni por el Minfin ni la Segeplan, además, consideran que el instructivo del Presidente contenido en la referida circular, viola la autonomía que concierne a las Municipalidades cuando impone la obligación de orientar el presupuesto municipal hacia el apoyo y ejecución de las políticas de Gobierno, tales como los tres pactos impulsados por el Gobierno de Pérez, el de Hambre Cero, de Seguridad, Justicia, Paz y de Desarrollo Económico.
Alcaldes y ediles descontentos, sostienen que la imposición del jefe del Ejecutivo, les preocupa porque lesiona la autonomía municipal y al elaborar la propuesta de presupuesto para 2014, se obliga a abandonar programas, proyectos y políticas públicas municipales, que por el momento están orientadas a favorecer el goce y cumplimiento de derechos y libertades de sectores sociales vulnerables, como las mujeres, la niñez, adolescencia y juventud, extremo que no están dispuestos a ceder.
Algunas autoridades ediles del Altiplano Occidental que se oponen y con quienes he conversado, reconocen que de conformidad con la ley, las municipalidades pueden y deben apoyar la ejecución de las Políticas de Estado cuando así sea requerido, pero que en el presente caso, se trata de políticas del Gobierno de Pérez, por lo que estiman no están obligados a atender el instructivo presidencial.
¿Por qué planificar y presupuestar en el marco de la Gestión por Resultados?, la respuesta la encontramos en la página 20, de la citada Guía para elaborar el Plan Operativo Anual -POA- 2014 de las Municipalidades del país, que dice, cito: “Su importancia radica en que la Gestión por resultados es un cambio en la forma de administración, que se basa en un modelo de administración pública, que prioriza sus intervenciones y alinea los recursos de las distintas instituciones y dependencias de Gobierno hacia el logro de resultados concretos enfocados en el ciudadano, a través de la creación del valor público. En el ámbito local quienes crean valor público, a través de brindar un bien o servicio con eficacia, eficiencia y efectividad deben ser las municipalidades.” (Se entiende por valor público, cuando una institución del Estado entrega a la población, un bien o servicio público de calidad, lo que provoca un grado de satisfacción por parte de los ciudadanos que reciben dicho beneficio).
Por otra parte, desde la sociedad civil organizada activistas y defensores de derechos de los grupos vulnerables, que mantienen alianzas estratégicas históricas con las corporaciones municipales, para coordinar y acompañar procesos de desarrollo social, coinciden con la percepción de las autoridades ediles, creen que las nuevas disposiciones del Presidente, son un atentado a la autonomía municipal y colocan en riesgo de desaparecer a muchos proyectos que ahora atienden las municipalidades, dirigidos a aliviar las necesidades ingentes y urgentes de la población.