Adolfo Vivar Marroquín, alcalde de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y otro sindicado por el supuesto caso de corrupción en la comuna, buscan recuperar su libertad por medio de una apelación a la prisión preventiva. Analista reitera la necesidad de la normativa anticorrupción y aboga por claridad en la aplicación de medidas sustitutivas.

En el juzgado Primero de Mayor Riesgo B, la defensa del jefe edil de la comuna antigüeña presentó un memorial de apelación para pedir que se revise la resolución donde fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva.

De acuerdo con la información, Vivar Marroquín solicita que se le revise la medida de coerción, para poder optar a una medida sustitutiva, y recuperar su libertad condicional. En ese sentido, el sindicado José Armando Arrecis también presentó la apelación.

Ambos memoriales serán elevados a la Sala de Mayor Riesgo de la Corte de Apelaciones, que será inaugurada mañana, ya que todos los delitos por los que fueron ligados a proceso tienen la opción a medidas sustitutivas.

El pasado lunes 17 de septiembre, luego de haber sido capturado en su residencia, Vivar quedó sujeto a persecución penal por los delitos de peculado, lavado de dinero, concusión, fraude y asociación ilícita; mientas que Arrecis quedó ligado por los ilícitos de lavado de dinero, asociación ilícita y caso especial de estafa. 

El ente investigador señala que Vivar Marroquín, junto con los otros sindicados formaron una estructura para desviar los recursos de la comuna a través de la creación de 11 empresas “de cartón”, fundadas entre el 2008 y el 2012, varias de éstas dedicadas a la construcción.

Según las pesquisas, por medio de las empresas del funcionario y sus familiares, se firmaron cheques por la suma de Q23 millones 435 mil 422.80, dinero que provenía del Estado y que supuestamente fue utilizado en forma fraudulenta.

“REPRESENTA UN RIESGO”
En relación a esto, Oswaldo Samayoa, director de Incidencia Política del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), dijo que “específicamente en este caso, no debería otorgársele la medida sustitutiva, ya que hay sospecha que él sí ha participado en un delito, y que tiene la capacidad suficiente de entorpecer o desaparecer pruebas”.

El analista consideró que la posición política de Vivar Marroquín representa un riesgo para el proceso de investigación penal, pues “podría influenciar a personas que sean testigos claves”.

También mencionó que la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, conocida como Ley contra la Corrupción,  es necesaria, para este caso y otros,  pero que la normativa no tiene temas procesales, es decir, «no reforma el Código Procesal Penal, sino el Código Penal y las medidas sustitutivas son procesal penal».

Para el efecto señaló: “necesitamos tener claridad de una correcta aplicación de las normas en temas de prisión preventiva y medida sustitutiva”.

Asimismo sostuvo: “Lo que siempre hemos señalado es que no se vale que cuando sea una figura política la prensa, los jueces o la sociedad crean que por ser de mucha importancia tenga que aplicársele una medida sustitutiva; no es así, pues tiene que ser tratado como cualquier ciudadano, y ser enviado a prisión si es correcto de acuerdo con la legislación”.