El embarazo en adolescentes ha llegado a ser uno de los problemas sociales más graves que enfrenta Guatemala en la actualidad. De los 51 mil partos que se registraron en el país el año pasado, el 26 por ciento correspondió a adolescentes menores de 19 años.

Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) señala que no hay otro país en América Latina que tenga un porcentaje tan alto de partos de adolescentes como el que hay en Guatemala

Violencia sexual, prácticas culturales, la pobreza y la inequidad social, marcan el embarazo de menores

Los departamentos con mayor incidencia son Huehuetenango, Chiquimula, Petén, Alta Verapaz, Jalapa y Quiché.

Muchos de estos embarazos ocurren por el desconocimiento de las adolescentes acerca de la salud sexual y reproductiva, y el poco acceso a estos servicios; pero muchos casos se derivan de las violaciones sexuales que sufren dentro de sus propios hogares.

Expertas en temas de salud sexual y reproductiva se refieren a las dimensiones que alcanza este problema en la población adolescente, que no solo trunca sus aspiraciones en la vida por delante, sino que también puede significar un riesgo para su salud y un peligro para su propia vida.

Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), señala que no hay otro país en América Latina que tenga un porcentaje tan alto de partos de adolescentes como el que hay en Guatemala.

El embarazo adolescente constituye un problema de salud pública, pero también es un problema para el desarrollo del país y de seguridad, porque cuando son embarazos en menores de 14 años, una de sus principales causas es la violación sexual, indica.

Asimismo, cuando la relación sexual se realiza con una menor de 14 años, la ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas lo tipifica como una violación sexual, aun cuando haya habido consentimiento de la adolescente.

De acuerdo con informaciones de casos recopilados por el OSAR sobre embarazos en adolescentes, una gran cantidad corresponden a violaciones sexuales.

En Zacapa se documentó el caso de una niña de 11 años que resultó embarazada al ser violada por el esposo de su tía, con quien vivía desde que era una bebé, debido a que su mamá viajó a los Estados Unidos. La menor dio a luz a través de cesárea.

Otro caso, registrado en Chiquimula, fue el de una niña de 10 años, embarazada por violación de su padre. La madre se enteró del estado de su hija por medio de una maestra, que al ver a la niña enferma decidió llevarla a un centro de salud.

De acuerdo con el Observatorio, la caracterización de los embarazos en niñas y adolescentes tiene que ver con violencia sexual, prácticas culturales, la pobreza y la inequidad social.

Si algo caracteriza el embarazo adolescente en Guatemala es que una gran mayoría de las niñas madres son pobres, provienen del área rural y tienen poco acceso a la educación. Los departamentos con mayor incidencia son Huehuetenango, Chiquimula, Petén, Alta Verapaz, Jalapa y Quiché.

En 2012 se registraron tres mil 100 partos en menores de 14 años, pero se estima que existe un importante subregistro de casos.

Debido a la debilidad del sistema estadístico nacional y a la precariedad de los servicios de salud, no se pueden obtener datos que reflejen la realidad del problema.

DESNATURALIZAR EL EMBARAZO ADOLESCENTE
Montenegro, de OSAR, señala que la sociedad guatemalteca debe desnaturalizar el embarazo de las niñas, dejar de pensar que es algo normal, que forma parte de la cultura, que así se “acostumbra” en las comunidades o que es una práctica de familias que comprometen a la niña para darla en matrimonio antes de los 14 años.

“Hay que pensar que cuando se trata de un embarazo en menores de 14 años estamos hablando de violencia sexual y de un delito”, enfatizó.

La activista señala otro problema que se deriva de los embarazos en menores de 19 años, como son las complicaciones obstétricas; un alto porcentaje de estos casos son indeseados, producto de los noviazgos entre jóvenes que no tienen mucho conocimiento sobre la sexualidad, en la que experimentan y no toman sus precauciones.

Según Montenegro, hay investigaciones que muestran que en el 40 por ciento de estos embarazos la niña es madre soltera; no hay un padre responsable o un adolescente hombre que se haga cargo del embarazo.

Aunque la Ley de Desarrollo Social, aprobada en 2001, señala que las adolescentes que resulten embarazadas no deben ser retiradas de los establecimientos educativos, lo que sucede es que ellas se retiran, ya sea “porque se sienten marginadas, porque les da vergüenza o porque tienen que empezar a trabajar”.

De acuerdo con un estudio de línea base realizado por el Ministerio de Educación en 2012 de Educación Integral en Sexualidad, al menos 4 de cada 10 establecimientos reportaban embarazos en adolescentes.

Los departamentos con mayor porcentaje de establecimientos que reportaban estudiantes embarazadas son Quiché, con el 54.5 %; Huehuetenango, 54.3 %; Baja Verapaz, 52.1 %; San Marcos, 50.6 % y Retalhuleu, 50 %.

Se identificaron 407 estudiantes embarazadas, con un mayor porcentaje entre las jóvenes entre 16 y 19 años; en el 64.3% de los establecimientos asistían estudiantes que eran madres.

EDUCACIÓN PARA PREVENIR
Paulatinamente, las autoridades de salud y educación han  puesto mayor atención en el problema y han tratado de enfocarse en la prevención; en 2008, el Ministerio de Educación firmó la Declaratoria “Prevenir con Educación”, aprobada por ministros de Salud y Educación de toda Latinoamérica, tras lo cual impulsó una estrategia en el tema.

Cecilia Alfaro, de la Unidad de Equidad de Género con Pertinencia Étnica del Mineduc, expresa que este acuerdo se trata de un esfuerzo de las entidades para ver qué aspectos tiene que abordar cada entidad respecto a la educación en sexualidad.

El abordaje siempre había sido desde la salud sexual y reproductiva, era lo más tradicional con el tema y se hacía educación pensando en información; la diferencia es metodológica, pero también de enfoque, porque se trata de crear competencias en diferentes áreas y no solo de conocimientos específicos sobre anatomía, fisiología o anticoncepción, señala Alfaro.

De acuerdo con la entrevistada, hay que entender que los embarazos de menores de edad están relacionados con la toma de decisiones, el ejercicio de los derechos, a tener la información que se necesita para una vida saludable y plena y poder decidir cuándo tener hijos y cuántos tener, pero con información que permita saber las repercusiones que habrá en la vida, no solo en el sentido biológico sino también en el resto de las dimensiones del desarrollo de la persona.

La estrategia “Prevenir con educación” consiste en trabajar la revisión y actualización curricular, la formación de los docentes en estos temas, aunque no está institucionalizado en la formación docente, lo cual es un reto para esa cartera.

Por otro lado también considera que se necesita formar las metodologías adecuadas para formar a padres de familia; si esto se ve en aulas pero no se ve en las familias, estaremos dando elementos a alguien que tal vez en su hogar reciba mensajes contradictorios, indicó.

Los padres no tienen estos conocimientos, además que en los hogares es donde se registran casos de maltrato físico y psicológico, pero también de violencia sexual afirma.

“PROTÉGEME DEL EMBARAZO”
En marzo de este año, las autoridades de gobierno lanzaron la campaña “Protégeme del Embarazo” para dar a conocer la ruta crítica de denuncia y derivación de los embarazos en la niñez y en la adolescencia, impulsada por la Vicepresidencia y en la cual tienen responsabilidad el Mineduc, el MSPAS y la  Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).

Según datos del sistema de salud nacional, en 2012 se registraron más de 3100 casos de niñas embarazadas entre 12 y 14 años.

De acuerdo con registros de la SVET, en 2012 se atendieron a 1448 niñas embarazadas en los hospitales nacionales.

El marco legal del país establece que toda relación sexual con una menor de 14 años es un delito y está penado por la ley; según  la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas: “cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de edad, o cuando sea una persona con capacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica”.