Al menos siete linchados en las tres últimas semanas, tras hecho de ayer


Una turba discute sobre la aplicación de un castigo a un capturado, sospechoso de delito, en una comunidad del interior del paí­s. La poca efectividad de la justicia provoca que las comunidades pierdan la confianza en el sistema e implica que castiguen por su cuenta. FOTO LA HORA: ARCHIVO

Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), comentó que ven con preocupación los últimos actos de linchamiento en el paí­s.

Gabriel Herrera
lahora@lahora.com.gt

Esto en alusión al linchamiento de ayer en Panajachel, en donde murió un presunto delincuente, elevando a ocho el número de ví­ctimas por este tipo de acciones en las últimas dos semanas, según estadí­sticas de la Policí­a Nacional Civil (PNC).

El fallecido, identificado como Walter González (42), fue asesinado a golpes por pobladores de Panajachel, tras acusarlo de robar unos 900 dólares y las escrituras de una vivienda a una vendedora, precisó el vocero de la PNC, Donald González.

La ví­ctima, junto con tres mujeres, una en estado de gestación, ya habí­an sido detenidos por la policí­a, pero los pobladores se organizaron y fueron a sacarlos de la cárcel en medio de disturbios que dejaron cuatro autopatrullas destruidas, afirmó.

Rodenas recordó que ese fenómeno es la manifestación y una expresión de la ausencia del Estado en la aplicación de justicia; «el cansancio de la población se manifiesta así­ por dicha inacción del Estado», reiteró Rodenas.

Pero hay que atender que no es una costumbre de los pueblos, es una costumbre impuesta dentro y durante el conflicto armado interno, «por medio de la cual las personas que podí­an estar vinculadas a grupos insurgentes eran llevadas a las plazas de los pueblos y eran ahí­ linchadas», recordó.

Por esa razón la ODHA lamenta que el Estado no esté siendo capaz de evitar ese fenómeno social negativo, que causa muerte y temor entre la población, porque quedó esa mala costumbre.

Por esa razón hacen el llamado a las autoridades y a las personas que participan en esos actos -que rebasan lo que permiten las leyes y las costumbres-, «a quienes han participado en los linchamientos, que se abstengan de realizar esas acciones al margen de la ley», comentó Rodenas.

Asimismo, «A las autoridades que también lleven justicia a los pueblos, pero que además investiguen este tipo de acciones, esta violencia colectiva que solo manifiesta falta de búsqueda de la ley como corresponde», opinó.

Esta violencia no está llevando a nada, tomar la justicia por propia mano agrava la situación de violencia e inseguridad que está generando anarquí­a en el paí­s, refirió el promotor de derechos humanos de la ODHAG.

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado espera que las personas logren salvar esta situación para no rebasar lo que ya se ha superado después de los años de lucha armada.

«Que procuren confianza, y son las autoridades quienes deben generar esa confianza, atender esas denuncias, en atención a los juicios, en la persecución penal correcta que debe estar en manos del Ministerio Público y a los jueces a resolver objetiva y adecuadamente «.

Por ello, insisten que se debe dotar de mayores recursos a la población y a las instituciones encargadas de la investigación y aplicación de la justicia, también proveerlas de todos los elementos materiales y humanos para desarrollar una justicia apegada al respeto de los derechos humanos, comento Rodenas.

Además, la ODHA sostiene la opinión que los medios de comunicación deben entrar en acción para sensibilizar a los grupos sobre lo negativo que es esa clase de justicia, que no ayuda a resolver los problemas.