Siempre se dice que son un brazo ejecutor del Estado, pero en realidad los creadores de la idea de utilizar fideicomisos en la ejecución del gasto público, buscaban evadir la fiscalización.  Surge así una iniciativa para crear una ley específica que garantice una correcta fiscalización en la materia, pero expertos creen que el proyecto solo funcionará si se le declara un combate verdadero y frontal a la corrupción. 
 
Dentro de las diez iniciativas legislativas para combatir la corrupción,  el Ejecutivo propone impulsar una ley de Fideicomisos Públicos, con el objetivo de regular el funcionamiento y facilitar la fiscalización de esos contratos.
 
Pavel Centeno, ministro de Finanzas, dijo que esa iniciativa se sumaría a otra fundamental –ley Contra el Enriquecimiento Ilícito– entre el paquete de proyectos legislativos a favor de la transparencia que planea impulsar el Gobierno.
 
La propuesta surge a partir de la ausencia de una ley específica de la materia, lo que provoca dificultades para fiscalizar los fondos públicos en los fideicomisos, a pesar de que estos facilitan un manejo ágil de los recursos a través de los servicios bancarios.
 
Aunque todavía no se conocen los detalles de la iniciativa, en el Congreso ya surgen expectativas sobre el proyecto de ley, que según la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, debería reflejar una lucha frontal contra la corrupción y la opacidad en el manejo del erario.
 
Montenegro señala que, en primera medida, debe existir un registro de todos los fideicomisos públicos, de tal manera que se ordene y verifique la información de los contratos vigentes y finalizados, para poder hacer un reconocimiento de los recursos disponibles.
 
Además, considera que el carácter público de esas figuras se debe hacer constar en la normativa, para que sean fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas y supervisados por el Ministerio de Finanzas.
 
“La ley de Fideicomisos es parte de los compromisos del Presidente del Congreso, de aprobar antes del paquete de Reforma Fiscal (…) no vamos aprobar reforma fiscal, si no se aprueban estas leyes”, declaró la legisladora la semana pasada, aunque precisamente ayer se aprobó la ley de Modernización tributaria.
 
Por otro lado, el exdiputado y secretario general del Movimiento Nueva República, Aníbal García, señaló que el principal problema del manejo de los fideicomisos públicos radica en el vacío legal, pues a su criterio se regulan como privados.
 
“Ese es el gran problema que tenemos. Por eso es que urge que el Congreso emita la ley de Fideicomisos Públicos, porque mientras no se norme, nosotros seguiremos usando normas de derecho privado en lo público. Ante esta ausencia de legislación todas las entidades del Estado hacen lo que se les da la gana en las escrituras públicas”, indicó García.
 
Así mismo, reiteró que la ausencia de legislación y “la posibilidad de tener libres las manos para hacer los que quieran, (los funcionarios en) el gobierno han pactado un montón de fideicomisos a sabor y antojo del banco y del funcionario que en un momento está interesado en constituir un fideicomiso”.
 
MALAS EXPERIENCIAS
 
El Ministerio de Finanzas Públicas reportó hasta diciembre del año pasado 52 fideicomisos públicos vigentes (vea listado). 
 
 
Sin embargo, al margen del aparente control que se tiene sobre los fideicomisos, el abogado Carlos Molina Mencos, refiere que “lastimosamente” la Contraloría General de Cuentas no tiene acceso total al estado de los fideicomisos, pues existen barreras legales que le impiden llegar hasta esos contratos y conocer detalladamente cómo se están administrando.
 
“La Contraloría solo puede fiscalizar a entidades estatales, autónomas o semiautónomas. El proceso de la enajenación de bienes es parte de la Ley de Contrataciones del Estado para poder fiscalizar las entidades privadas”, señala el abogado. “El problema es perder el control del manejo de dinero”, apunta.
 
García recuerda que en su papel de fiscalizador enfrentó las malas experiencias al momento de investigar el manejo de los fideicomisos, principalmente el no saber los montos exactos que se encuentran invertidos de dinero del presupuesto del Estado.
 
“Los bancos del sistema se han aprovechado totalmente de la figura para manejar a su sabor y antojo ese dinero que se les va depositando permanentemente para que nadie lo pueda fiscalizar”, señala.
 
Mencos además de referirse a las dificultades para la fiscalización de los fideicomisos, cuestiona su propio origen: “En la actualidad no existen (legalmente) los fideicomisos públicos porque no hay quien los regule. El fideicomiso es un contrato mercantil privado”, dijo.
 
De acuerdo con el experto, esas figuras financieras podrían ser evitadas y suplantadas por un manejo coherente y ordenado de los fondos públicos en las mismas instituciones donde se requieren.
 
“Lo que se debe de buscar es que el Estado maneje sus propios bienes y no darle garantías al sector privado, no hay razón para el fideicomiso, ya que este sirve para temas de administración o de garantía”, sostiene Mencos.
 
Mencos señala que la falta de leyes que prohíban la creación de más fideicomisos es por la falta de honradez dentro de los funcionarios “esto se está realizando en contra de la Constitución de la República porque no existen los fideicomisos dentro de ella”, afirmó.
 
OPACIDAD
A pesar de los ofrecimientos del oficialismo, el exdiputado García señala que no evidencia una verdadera actitud política para poder crear esta ley: “Yo no me entusiasmo con las declaraciones que dan porque el gobierno anterior lo hizo y sin embargo cuando se dan cuenta en lo que se han convertido los fideicomisos, dan marcha atrás. Otra vez encontramos fallas en la administración pública por ausencia de ley y por falta de transparencia”.
 
“Es de suma urgencia que se traslade del ámbito privado al público todos los fideicomisos, eso es fundamental. Hay fideicomisos privados que los pueden hacer como se les da la gana y que hay fideicomisos públicos que deben tener una regulación específica y que ese dinero por ser patrimonio estatal tiene que ser independiente de los privados”, comentó. 
 
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) señaló que una de las dificultades que existen dentro de los fideicomisos es la forma en que realizan compras o contratan servicios.
 
“En Guatemala todas las compras estatales están reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado, pero en cierta forma existe una cierta dificultad porque no están obligados a cumplir esta ley de contrataciones”, señaló Barrientos.
 
“Es de suma urgencia que exista una Ley de Fideicomisos Públicos para que toda clase de anomalías, como la no fiscalización puedan corregirse adecuadamente”, dijo el experto en temas fiscales.