Augusto Marroquín, titular de la Dirección General de Transportes (DGT), dijo estar preocupado que este año ha subido de 9 a 11 mil la cantidad de autobuses piratas en el país y continúa la falsificación de documentos.
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Asimismo, alarmado por el silencio del Ministerio Público (MP), que no ha notificado nada sobre el avance de las 120 denuncias presentadas por falsificación de documentos que fue detectada en esa dirección en 2008.
Los esfuerzos de control ejercidos por la DGT son nulos porque debido a la autonomía las municipalidades están autorizando líneas de transporte que no se registran en la DGT, problema que ocurre principalmente en el occidente del país, explicó Marroquín.
REFORMAS
Byron Chacón, presidente de la Comisión de Comunicaciones, aseguró que se reunirá con el Fiscal General para solicitar un fiscal especial que les dé seguimiento a las denuncias estancadas.
Según el diputado Chacón, preocupa que los accidentes de autobuses sigan ocurriendo, algunas veces sin la papelería autorizada, mientras la fiscal encargada de esas denuncias no ha querido tramitar los casos ni perseguir a las personas responsables de falsificación de documentos y sellos.
Recordó que las alcaldías están autorizadas para extender permisos a los empresarios de autobuses únicamente dentro de su municipio y no pueden operar entre municipios o entre departamentos.
Solicitarán reformas al Código Procesal Penal y al Reglamento de Tránsito para sancionar a los transportistas piratas, dijo el director de la DGT. El actual Viceministerio de Transportes supuestamente está trabajando un anteproyecto de ley, dijo Byron Chacón.