El presidente de la aseguradora estadounidense AIG, Edward Liddy, prestará declaraciones hoy ante parlamentarios indignados por el escándalo de las bonificaciones pagadas a funcionarios de la empresa recientemente salvada de la quiebra con dinero público.

La audiencia comenzó hoy cuando numerosos periodistas y ciudadanos interesados en las declaraciones, se agolpaban a las puertas de la pequeña sala.

Según una declaración preparada de antemano, Liddy afirmó que el grupo no habí­a tenido otra opción que pagar las primas «desagradables», pero aseguró que la empresa habí­a aprendido de sus errores.

«En el seno de AIG se han cometido errores en una medida que pocas personas podrí­an siguiera imaginar», según el texto de sus declaraciones ante la subcomisión de mercado de capitales, seguros y empresas financiadas con fondos públicos.

Liddy aseguró asimismo que se estaba esforzando con su equipo dirigente para recuperar la compañí­a de seguros, a fin de poder devolver el dinero prestado por el Estado para evitar la quiebra, un total de 170 mil millones de dólares desde 2008.

«Para lograrlo, tenemos necesidad de administrar nuestros negocios como lo que son, negocios, teniendo en cuenta las realidades implacables de la libre competencia para los clientes, los ingresos y los funcionarios», prosiguió en su declaración escrita.

«Por esa razón, y por ciertas obligaciones legales, AIG pagó recientemente primas que, en el algunos casos, me parecieron desagradables», admitió.

Liddy -que tomó las riendas de la empresa en setiembre, tras el costoso salvamento dirigido por la Reserva Federal (Fed)- no se presentó hoy por la mañana en la sala de audiencias y se supone que lo harí­a más tarde durante la jornada.

Mientras tanto, la subcomisión de la cámara esperaba los testimonios de miembros de organismos de regulación, centrada en las lecciones a sacar del caso AIG.

Joel Ario, comisionado de seguros de Pensilvania (este), abogó por un fortalecimiento de la regulación de seguros en el ámbito de los estados.

Scott Polakoff, director de la Oficina de Supervisión de la Economí­a (OTS), aseguró que su departamento habí­a extraí­do lecciones de la caí­da de AIG, y redactado normas para una mejor supervisión del sector de seguros.

El secretario estadounidense del Tesoro, Timothy Geithner, habí­a precisado el martes que AIG deberí­a reembolsar en su integridad las polémicas bonificaciones, por un monto de 165 millones de dólares. Además, los fondos adicionales que debe aportar el Estado –30 mil millones de dólares– serán reducidos en una suma equivalente.

El Estado controla actualmente cerca del 80% de AIG.

Por otra parte, ante la furia de la opinión pública y del Congreso, Geithner anunció el martes una aceleración del desmantelamiento de la empresa.

Desde el lunes, los legisladores vienen expresando en forma casi unánime su indignación ante el pago de las bonificaciones.

Un influyente senador republicano, Charles Grassley, llegó a sugerir que los dirigentes que habí­an decidido pagar las primas deberí­an considerar la posibilidad de suicidarse, pero se desdijo más tarde al admitir que se trataba de «retórica».

El presidente Barack Obama afirmó hoy que está «explorando todo medio posible, al igual que el Congreso, para ver lo que podemos hacer», y aseguró que su administración trata de prevenir que situaciones similares se repitan, declarándose dispuesto a asumir eventuales responsabilidades en el caso.

Al mismo tiempo, el mandatario ratificó que tiene «completa confianza» en Geithner, quien concita creciente criticismo por el pago de las primas a los ejecutivos de AIG.