La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional pidió a Guatemala que apruebe una ley para buscar a los desaparecidos, tal como lo recomendó hace una década una comisión que documentó las atrocidades cometidas en la guerra civil.
«Es hora de que el gobierno imparta algo de justicia», dijo la directora adjunta del Programa para América de la organización de derechos humanos, Kerrie Howard, en un comunicado de la organización con sede en Londres.
El 25 de febrero de 1999 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la ONU, presentó su informe final sobre la guerra civil guatemalteca, en la que documentó más de 200.000 muertos y desaparecidos, y acusó del 93% de los crímenes a los organismos del Estado.
Para Howard ese día fue «un enorme hito para los derechos humanos en Guatemala».
«Resulta muy decepcionante que tantas de las recomendaciones del informe continúen pendientes, y que todavía no se haya hecho justicia para las decenas de miles de casos de desaparición forzada, homicidio y tortura perpetrados durante el largo conflicto guatemalteco», lamentó.
Recordó que la masacre de 250 hombres y niños en el poblado Dos Erres, perpetrada por el ejército el 5 de diciembre de 1982, sigue impune debido a que la defensa de militares han interpuesto unas 30 apelaciones y otros recursos que han retrasado el proceso en medio centenar de ocasiones.
El caso llegó a los tribunales en 1994, pero después de más de 14 años ningún jefe militar ha comparecido ante la justicia por su papel en ordenar, planificar o ejecutar estos crímenes.
«Sin justicia, Guatemala no podrá avanzar y dejar atrás su oscuro pasado», consideró la dirigente.
«Las autoridades guatemaltecas tienen el deber legal y moral de garantizar que se investigan los delitos cometidos durante el conflicto armado interno del país, muchos de los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, y que los responsables comparecen ante la justicia», agregó.
Sin embargo, manifestó su beneplácito porque el gobierno guatemalteco ha proporcionado a la Fiscalía informes sobre más de 3.300 casos de abusos perpetrados durante el conflicto armado interno.
Kerrie Howard,
Amnistía Internacional