AI critica seguridad pública de Guatemala


La participación de agentes de la Policí­a Nacional Civil en ejecuciones extrajudiciales es uno de los aspectos que más critica Amnistí­a Internacional, en su informe para Guatemala.

Un informe de Amnistí­a Internacional emitido hoy a nivel mundial lanza duras crí­ticas contra Guatemala, en el mismo se califica de grave la situación de la seguridad pública y de insignificante la rendición de cuentas por parte de la Policí­a en lo referente a investigaciones y enjuiciamiento de los implicados en diversos delitos.

Mario Cordero
mcordero@lahora.com.gt

Amnistí­a Internacional, respaldado en un informe de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos, destaca que durante el proceso electoral pasado se reportaron 26 homicidios de activistas polí­ticos. También sobresale el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlacen y su piloto, en manos de cuatro agentes de la Policí­a Nacional Civil, PNC, quienes seis dí­as después fueron ejecutados en el interior de un penal. Los hechos provocaron la dimisión del director de la PNC y del Ministro de Gobernación, indica el documento.

Las crí­ticas más fuertes de Amnistí­a se enfocan en la ola de violencia que el año pasado dejó 5 mil 781 personas muertas, de las cuales 590 eran mujeres. «El Relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales hizo público un informe en el que criticaba a Guatemala por promover la impunidad de los homicidios y constataba la implicación de agente de la policí­a y de otros ciudadanos en la muerte de personas consideradas indeseables sociales», reza textualmente el informe.

También se señala al gobierno de no implementar las medidas para garantizar la imparcialidad del sistema de justicia al tratar conflictos sobre tierras, pues el año pasado se reportaron 49 desalojos. Además, se citan los 195 ataques contra defensores de los derechos humanos y activistas socioambientales.

No obstante, la mayor parte del informe enfatiza la resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que se declaró la improcedencia de las órdenes internacionales de detención y la petición de extradición emitidas por un juez español en 2006 contra ex oficiales de alta graduación del Ejército por crí­menes de guerra y contra la humanidad, pues no se reconoció el principio de jurisdicción universal para crí­menes de carácter internacional y pareció sugerir que los delitos referidos eran de naturaleza polí­tica.

Ente las crí­ticas se menciona un comentario positivo de Amnistí­a Internacional sobre el anuncio del presidente ílvaro Colom con respecto a la apertura de los archivos militares.