Los países con grandes extensiones forestales podrán por fin ver remunerados sus esfuerzos para proteger sus selvas, cuya destrucción es responsable del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que no se habían incluido en el Protocolo de Kioto.
Según una decisión tomada en la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima en Bali (Indonesia), y que debe ser validada el viernes, se trata de alentar a los países a luchar contra la deforestación y la degradación de los bosques con la perspectiva de dar un precio a cada tonelada de dióxido de carbono que no se emita a la atmósfera.
En total, las selvas del mundo encierran 400.000 millones de toneladas de carbono.
Las emisiones derivadas de la deforestación sitúan a Indonesia y Brasil, respectivamente, el tercer y cuarto mayores contaminadores del mundo, por detrás de Estados Unidos y China.
La creación de este mecanismo de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación (REDD) era una de las grandes expectativas de los países en vías de desarrollo en la conferencia de Bali.
En 2005, en la conferencia de Montreal, Costa Rica y Papua Nueva Guinea habían propuesto un proyecto de resolución. Y el año pasado se les unieron en Nairobi los países de la cuenca del Congo, India, Brasil e Indonesia.
«La selva entró por fin en la política sobre el clima. Hemos avanzado sobre el método y hay que ver lo que podemos hasta 2009, en especial lanzar proyectos piloto en todas las regiones del mundo, con la perspectiva de integrar el mercado del carbono en 2012», consideró el delegado francés Brice Lalonde.
Estas acciones piloto se financiarán gracias a un fondo del Banco Mundial al que varios países ya prometieron contribuir.
Los proyectos sólo podrán ser nacionales, para no amenazar la soberanía de los países, y por lo tanto no podrán formar parte de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) previstos por el Protocolo de Kioto.
Estos mecanismos permiten a los países industrializados invertir en las naciones en vías de desarrollo a cambio de aligerar sus objetivos de emisiones contaminantes.
«Es una noticia excelente para la segunda fase de compromisos del Protocolo de Kioto en 2012. Pero la protección de la selva es también indispensable para la biodiversidad, para la vida de las poblaciones que dependen de ella y para su integridad cultural», subraya Frances Seymour, directora del Centro Internacional para la Investigación Forestal.
«Las selvas han obtenido aquí iniciativas financieras y atención política. El problema es vigilar que se respeten los derechos de las comunidades indígenas», afirma.
«Quién va a pagarles si quieren proteger sus bosques pero no se les reconoce sus derechos de propiedad», se pregunta.
Según la ONU, 1.500 millones de personas dependen del bosque como modo de vida. Un estudio de Woods Hole Research Center considera que compensar a los campesinos congoleses que protegen la selva podría representar de 300 a 1000 dólares a cada hogar y en la Amazonia, entre 10 y 15 dólares por hectárea para sus propietarios.