En los días del terremoto un proveedor que hizo mucho dinero vendiendo al Estado afirmaba que su éxito era que trabajaba «al módico diez por ciento» y que todos los encargados de compras ya sabían que él les pagaba esa comisión en cada negocio que hacían por lo que le caían pedidos a diestra y siniestra. Ayer, alguien relacionado con el sector público me decía escandalizado que ahora los negocios promedio dejan una mordida de ciento por ciento, lo cual parece ilógico e imposible porque significa por lo menos duplicar el precio de las contrataciones del Estado.
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Sin embargo, cuando uno se da cuenta de cómo funcionan las cosas, entiende que no sólo es posible, sino que tiene su peculiar lógica. Basta ver el encarecimiento de las medicinas, puesto que adjudicaciones por más de mil cien millones de quetzales para comprar medicamentos reflejan un sobreprecio de tal calibre que se estima que con poco más de cien millones se estaría cubriendo el precio real (con utilidad de por medio) de la medicina adquirida. En otras palabras, si están pagando diez veces más el valor, da para que nueve personas se embolsen «el módico ciento por ciento» y el pueblo pagando esa asquerosa corrupción por la que nadie responde porque ahora se cancelaron dos de las cuatro adjudicaciones, no obstante que todas estaban manejadas suciamente, pero nadie es responsable ni sindicado por delito.
Otra forma en que ahora se quedan con el módico ciento por ciento es con el papel que juegan los financistas en la administración pública. Entre los que dieron el pisto para la campaña presidencial, unos tienen negocio de medicinas y ya vimos cómo operan, pero lo mismo ocurre con los fertilizantes y con el giro de cualquier negocio de los que apostaron a caballo ganador. Antes, los financistas se conformaban con una tajada del pastel y recibían lo que en el gobierno les iban dando, pero ahora simplemente controlan el gobierno porque colocan a sus peones en posiciones importantes. No se empezó esa práctica en este gobierno, puesto que con Portillo se nombró de gerente de la presidencia a uno de los financistas, mientras que en el gobierno de Berger el hombre de los azucareros pasó del ministerio de energía y minas a desempeñar ese mismo papel de ejecutivo en la Presidencia de la República.
Y ahora por todos lados, en ministerios, secretarías, fondos y programas especiales, los financistas están en primera fila y toman decisiones. Por supuesto que ya no se trata únicamente de quedarse con un beneficio del diez por ciento de los negocios, sino que el logro está en quedarse con todo el negocio, es decir, con el ciento por ciento.
El caso es que todo se va repitiendo en los cuadros inferiores de la administración pública y es ya célebre un alcalde de uno de los municipios del área metropolitana que presume ante sus amigos de que él se queda con el ciento por ciento de cada obra porque duplican el valor. El que quiera entrarle al negocio, tiene que caer muerto con esa cantidad y aceptar la sobrevaloración.
Por ello es que casos como el de la Transversal del Norte incluyen no sólo el invaluable beneficio de que el préstamo lo asumió el Estado, sino que se mantuvieron las condiciones asumidas cuando el contratista corría los riesgos del financiamiento y de ajuste se da sobrevaloración del proyecto. Todo eso bajo la mirada permanente de la oficina de control que funciona en la Vicepresidencia que pasará a la historia por su absoluta inutilidad.