Una vez restaurado el orden público mediante el uso de los mecanismos que la misma Constitución y la ley respectiva establecen, es preciso abordar a fondo el tema del transporte de mercancías para resolver el problema que representa la restricción para circular en el marco de la inseguridad que vive el país. De todos los argumentos esgrimidos por los pilotos del transporte pesado, el de los riesgos que implica conducir de noche por la ola de asaltos y robos a furgones es indudablemente el de mayor peso y en esa materia el diálogo es obligado.
Creemos que es necesario tratar de ir reconstruyendo el estado de derecho y eso significa evitar la necesidad de llegar a medidas de hecho porque las autoridades atienden las peticiones ciudadanas, sea para darles trámite y aceptarlas o porque se da una razonada negativa. Nótese que usamos el término razonada porque creemos que hay una gran diferencia entre la simple negativa y la explicación de las razones por las cuales no se puede acceder a lo solicitado y en este caso es obvio que la Municipalidad no hizo ningún esfuerzo por explicar la validez de sus medidas.
Entendemos perfectamente que en cualquier ciudad del mundo existen regulaciones para el tránsito del transporte pesado y que en las horas pico no se permite su circulación. Eso obliga a los transportistas a utilizar una logística especial para sus despachos y es simple cuestión de acomodo de horarios, salvo cuando ese acomodo significa correr riesgos porque en horario nocturno hay más peligro de asaltos. En esas condiciones hay que aplicar medidas para combatir la violencia y la criminalidad que se ensaña en los transportistas si es que queremos que puedan aplicarse restricciones que los obliguen a conducir de noche.
De hecho, la aplicación de la Ley de Orden Público lo que hace es evitar el conflicto por la medida de hecho de los pilotos, pero no resuelve el problema porque el descontento está latente. La única forma de resolver el problema es buscando entendimiento entre las partes y para ello hay que dialogar. La Municipalidad tiene que explicar la validez de una medida apoyada mayoritariamente por la población capitalina, pero que no se puede mantener si persiste el riesgo de asaltos en perjuicio de la seguridad y la vida misma de los pilotos, valor que es más importante que la misma fluidez del tránsito. De suerte que en este caso es urgente que Gobierno, Municipalidad y pilotos se sienten a dialogar para resolver en forma definitiva el problema y no esperar a que, vencido el período de suspensión de garantías, vuelva a surgir el conflicto.