Ayer, como resultado de la reunión de autoridades de seguridad y justicia de Centroamérica, se firmó un acuerdo de ocho puntos que busca acciones regionales para hacer frente a la situación de violencia y acciones del crimen transnacional que estamos padeciendo en la región.
Es importante la participación conjunta de los países para enfrentar este tema que, evidentemente, ha rebasado las capacidades de gobiernos locales y nos ha colocado a los Estados como sumisos plebeyos ante la poderosa y sanguinaria metodología que estos grupos aplican para cumplir los objetivos.
Pero más importante debe ser que se tome con mucha seriedad el acuerdo. Las acciones para enfrentar al crimen organizado y a las organizaciones transnacionales no puede ser simplemente el reflejo de un mediano interés, sino que tiene que ser un verdadero compromiso de llenar todos los requisitos que hacen falta para enfrentar lo que se ha convertido en una guerra moderna contra varios enemigos, con distintos procedimientos, recursos casi sin fin y control de las instituciones que representan el ordenamiento legal de los Estados.
En Guatemala tenemos la experiencia reciente de un G4 que prefirió retirarse para no ser comparsa de una instancia que no cuenta con el apoyo político, financiero ni administrativo para hacer frente al reto de la violencia que desangra nuestra sociedad. Si esa misma actitud marca el camino de esta nueva instancia, seguramente será otro intento fallido de hacer prevalecer la ley y el derecho de los ciudadanos a vivir en paz, con la seguridad y justicia que ella implica.
Tal y como ayer se reunieron las autoridades, se reúnen los capos del narcotráfico, las estructuras de pandillas juveniles y otras expresiones criminales. La gran diferencia es que los planes y acciones que se deciden en esas instancias, son aplicados sin que exista sorpresas, falta de «ganas» o voluntad de cumplir los objetivos y se asignan entre sí los recursos que hacen falta para obtener las metas que se plantean.
Esa eficiencia es parte del compromiso con las actividades criminales y con los «éxitos» que cada una de estas organizaciones tienen definidos. Ojalá que esa eficiencia sea copiada por los gobiernos regionales para que mantengan el compromiso con claras señales de apoyo político, financiero y estratégico, con el fin de enviar un mensaje claro que puede predominar la ley y que no hay nada más importante que rendirle cuentas a los ciudadanos con muestras de determinación para hacerle un alto a esta barbarie en que nos tienen. Ahora, a copiar la eficiencia, a demostrar la voluntad y permitirle al ciudadano empezar a verificar que sí hay intenciones de cambiar la situación actual. Mientras tanto, entiendan que somos escépticos.