Estamos frente a otro escándalo que involucra a la Organización Internacional para las Migraciones manejando dinero del Estado de Guatemala para el desarrollo de proyectos; esa organización, surgida inicialmente como un órgano logístico para apoyar a los pueblos europeos que sufrieron grandes flujos migratorios después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora cuenta con 151 Estados miembros, tiene la misión de “trabajar con los gobiernos y la sociedad civil para promover la comprensión sobre las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo socioeconómico a través de la migración y velar por la dignidad humana y el bienestar de los migrantes”, pero, de paso, hace negocios “supervisando proyectos y administrando fondos” para toda obra que deje sobra, según la definición cínica de Günter Messing.
La Contraloría de Cuentas explica que por la inmunidad diplomática que beneficia a la OIM, no puede auditar las cuentas que en nombre del Estado maneja y por ello no puede explicar qué pasó con los manejos que ahora se cuestionan. Pero, como hubiera dicho Cantinflas, tenemos que entender que “ahí está el detalle”, puesto que la única razón por la que las autoridades delegan en la Organización Internacional para las Migraciones el manejo de millonarios recursos es, precisamente, evitar la fiscalización para garantizar que se hagan micos y pericos.
Ya en el gobierno de Berger salió el escándalo cuando los corruptos fondos del PACUR, para beneficio de los diputados, fueron asignados a la OIM y su entonces jefe admitió que pagaban comisiones diciendo que en Guatemala era ya sabida la norma de que no hay obra sin sobra. Lo admitió y todo quedó en un parte sin novedad porque así son nuestras autoridades y, sobre todo, así somos los chapines que nos zurramos ante cualquier extranjero.
Si la Constitución obliga a que todos los fondos públicos sean auditados, obviamente constituye un delito de violación a la Constitución de la República el que algún funcionario contrate a entidades como la OIM para evitar que se pueda realizar ese control ordenado por nuestra ley fundamental. Pero nadie mueve un dedo y todos lo aceptan. En el gobierno de Berger se encomendó también a un organismo internacional el manejo de los fondos para construir la terminal aérea, simplemente para evitar los controles y permitir el jineteo de los recursos públicos y no hubo nadie que chistara.
No es legal, y lo afirmamos de manera categórica, que se suscriban contratos que signifiquen manejo de fondos públicos con entidades que luego se escudan en inmunidad diplomática para evitar controles. El funcionario que suscriba tales contratos está cometiendo delito y debe ser sancionado.
Minutero:
No era solo Bush, el dundo
quien se creía dueño del mundo:
ahora también lo proclama
el mismísimo Barack H. Obama