Dirigentes agropecuarios convocaron para el lunes a un cese de actividades en el interior de Argentina, en respaldo a una protesta contra la política fiscal que cumplía hoy 80 días, con fuerte impacto en la economía local y que amenaza exportaciones.
«Invitamos a un cese de actividades general en apoyo al reclamo del campo para el lunes», dijo Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, que nuclea a pequeños productores, los más activos del movimiento del campo, que se mantiene en pie de guerra contra un aumento de impuestos a las exportaciones de soja.
Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural, que agrupa a los grandes hacendados, afirmó que «la industria, el comercio y los servicios en muchas ciudades del interior pidieron parar (las actividades)» para expresar su apoyo a la protesta.
Centenares de productores frenaban el paso este jueves de camiones provenientes de países vecinos, como Brasil y Paraguay, en la ruta 14, llamada del Mercosur, por ser vía de paso del transporte de mercancías del bloque regional.
En tanto, se mantenían unos 300 piquetes en la vera de las rutas en la región central, la más rica del país, en el marco de la tercera huelga con bloqueos al comercio de granos y carnes, que se extenderá hasta el lunes.
La protesta agraria afectó a la economía argentina, que registró una fuerte caída en algunas actividades, en particular en el interior del país, como la venta de maquinaria agrícola, que se redujo 50% desde marzo, en relación al mismo período del año pasado.
Las medidas de fuerza amenaza frenar los embarques de granos desde el puerto de Rosario, un estratégico polo exportador, a 300 Km al norte de Buenos Aires, por donde sale la mayor parte de la soja, principal cultivo de Argentina, según fuentes empresariales.
Argentina es uno de los mayores proveedores de alimentos y las exportaciones agrícolas y agroindustriales superan el 50% de sus ventas externas totales.
El diálogo entre el Gobierno y los dirigentes rurales está cortado desde el lunes, en medio de una escalada sin fin de acusaciones mutuas.
La puja está planteada por la renta de la soja, cuya cosecha fue evaluada para este año en unos 24.000 millones de dólares, de los cuales el Gobierno pretende llevar a sus arcas unos 11.000 millones por considerarla ganancia extraordinaria, a raíz de los altos precios internacionales.