Agresores de periodistas quedan libres tras pagar fianza


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Los guardaespaldas del diputado Mario Rivera que agredieron a los periodistas Héctor Cordero y Diego Morales, corresponsales de Guatevisión en Quiché, el pasado 6 de noviembre, salieron libres tres horas después de que se entregaran a un juzgado en Quiché y tras pagar 10 mil quetzales de fianza.

GUATEMALA Agencia CERIGUA

Cordero, quien sufrió golpes propinados por los agentes privados Gerber Gordany y í‰lfego Gaytán Pineda, así­ como destrucción de su equipo, dijo que piensa desestimar la denuncia contra los guardaespaldas al conocer que habí­an salido libres en cuestión de horas.

El periodista, quien salió con su familia de Quiché dí­as después de la agresión debido a que temí­a más agresiones en su contra, volvió al departamento hace una semana.

El corresponsal lamentó la decisión del operador de justicia de darles medidas sustitutivas a los guardias privados; el juez no tomó en cuenta que yo vivo en Quiché solo con mi familia, indicó.

El comunicador aseguró que la seguridad perimetral con que cuenta es esporádica y que no aceptó la seguridad personal porque obstaculiza su trabajo de reportero. 

Según informó Cordero, los cargos por los cuales el Ministerio Público (MP) denunció a los guardias privados se basó en tres delitos: abuso de autoridad, robo y agresión; no se denunció a los guardaespaldas por amenazas, aunque afirma haberlas recibido ya que andaban armados.

En lo que va del año más de 30 periodistas y comunicadores sociales han sido ví­ctimas de agresiones fí­sicas y verbales, amenazas de muerte, asesinato, denegación de acceso a las fuentes y detenciones.  

De acuerdo con el artí­culo 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así­ como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.

Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las ví­ctimas una reparación adecuada, señala dicha declaración.