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De un total de 3 mil 401 denuncias ingresadas de enero a mayo del año en curso, sólo 68 de los sospechosos de agresión han sido enviados a la cárcel; la Fiscalí­a ha solicitado 224 órdenes de captura de las que 156 están pendientes ejecutar.

El clima de violencia contra las mujeres se torna complejo ya que a criterio de analistas, la cantidad de efectivos policiales para brindar atención a las ví­ctimas es insuficiente, a ello se suma la falta de investigadores y, por ende, de una efectiva persecución penal contra los agresores; lo que genera un alto porcentaje de desistimientos por parte de las propias agredidas.

IMPUNIDAD

Blanca Sandoval, titular de la Fiscalí­a de la Mujer explicó que el trabajo de la institución está en «realizar una investigación responsable y determinar la existencia o no del delito, posteriormente si se establece que hubo delito se procede la solicitud de aprehensión», indicó.

Respecto a los escasos resultados en las pesquisas, la investigadora indicó que el principal obstáculo en muchos de los casos «es la propia ví­ctima que está envuelta en el cí­rculo de la violencia y no se da cuenta del riesgo que corre delante del agresor y permanece con él, desistiendo de todas las acciones que ha iniciado», declaró; y agregó que la Fiscalí­a se ve afectada por los desistimientos y la falta de acompañamiento dentro del proceso y en el debate.

Sandoval explicó que la Fiscalí­a cuenta con los recursos para documentar el hecho, tomar fotografí­as (en casos de violencia fí­sica) y de realizar informes médico forenses y sicológicos que ilustren el daño que la ví­ctima ha sufrido, desde que esta se presenta a poner la denuncia. La Fiscal agregó que las principales ví­ctimas de violencia sexual son las mujeres, las niñas y los niños.

PUNTO DE VISTA

Javier Monterroso, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opinó que la principal causa de la impunidad es la falta de investigación: «los casos de delitos sexuales requieren una investigación cientí­fica mayor a la delitos comunes, ya que se necesitan analizar fluidos, ADN, sangre, huellas dactilares; entre otras pericias cientí­ficas que el paí­s capacidad de hacer».

Monterroso agregó que, aunque Inacif ha avanzado en ese tema, el MP no solicita en muchos casos las pruebas necesarias para fundamentar una investigación.

A criterio de Monterroso existe incapacidad del MP para darle seguimiento a los casos, pero enfatizó que se necesita una Policí­a de investigación criminal que haga las pericias necesarias en los casos de delitos sexuales: «deberí­a existir una unidad de investigación, dentro de la PNC que se especialice en indagar delitos sexuales.

El analista dijo finalmente que «de la ví­ctima no depende el impulso del proceso» y que es el MP el que debe seguir la denuncia independientemente que la ví­ctima quiera o no. Además, indicó que existen otras ví­as como las salidas negociadas, que podrí­an contemplar que el agresor se sometiera a tratamientos, conciliara con la ví­ctima y reparara el daño, enfatizó.

COMPLEJIDAD

Norma Cruz, Directora de la Fundación Sobrevivientes, opinó que la cultura del miedo por medio de las amenazas e intimidaciones son las que generan el arrepentimiento de las ví­ctimas en cuanto al seguimiento de los casos abiertos.

Cruz describe con complejidad la situación: «Una gran limitante es que en la Policí­a Nacional Civil es insuficiente para brindar protección a las mujeres ví­ctimas, eso hace que no acudan de forma inmediata cuando estas necesitan el auxilio; al mismo tiempo genera que los agresores estén en la calle atemorizándolas y por ello prefieren dejar a un lado la denuncia».

Para Cruz, cada mujer que rompe el silencio deberí­a contar con un agente de la PNC que la cuide; y agregó que en muchos casos, los agresores están mejor armados que la propia Policí­a «hay casos de agresores que andan con AK 47 y son parte de grupos del crimen organizado», expresó.